El Concejo Municipal de Sucre aprobó este miércoles, por unanimidad, la Ley Municipal Autonómica de Protección del Abastecimiento, Continuidad de Servicios Esenciales y Libre Transitabilidad en Situaciones de Contingencia, considerada la primera normativa de este tipo en Bolivia.
La ley surge en un contexto marcado por conflictos sociales y bloqueos, que afectaron el normal desarrollo de actividades y el acceso a servicios básicos. En su exposición de motivos, el documento advierte que estas medidas “causan vulneración de derechos de terceros, con afectación directa al derecho a la libre circulación (…) y al acceso irrestricto a los servicios básicos esenciales”.
El objetivo principal de la norma es “establecer mecanismos institucionales, administrativos y operativos” para garantizar la continuidad de servicios esenciales, proteger el abastecimiento de productos prioritarios —incluidos combustibles— y preservar la libre transitabilidad en el municipio.
Asimismo, la ley define como productos prioritarios a bienes de primera necesidad como “alimentos básicos, medicamentos, combustibles e insumos estratégicos”, y dispone que el Gobierno Autónomo Municipal implemente medidas de monitoreo y control para asegurar su provisión regular.
En el ámbito de los servicios esenciales, la normativa garantiza su continuidad mediante acciones preventivas y de contingencia, priorizando el acceso y circulación de ambulancias, transporte de alimentos, medicamentos y otros servicios estratégicos a través de “corredores prioritarios”.
La ley también establece que, en situaciones de conflicto, se deben preservar condiciones mínimas de movilidad urbana, “respetando los derechos de reunión y manifestación pacífica”, pero evitando la afectación a servicios esenciales y al abastecimiento.
Además, se prevé la protección de infraestructura crítica como hospitales, mercados y sistemas de abastecimiento, así como la coordinación interinstitucional con entidades como la Policía, la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Estado.
Finalmente, la normativa aclara que su aplicación se realizará con pleno respeto a los derechos constitucionales, buscando “armonizar” el ejercicio de la protesta con la protección del interés colectivo, la salud pública y la continuidad de los servicios básicos.
