La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) se refirió a través de un pronunciamiento público sobre el Auto Supremo N° 1190/2026, dictado por el Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica el pago de Bs 744 millones a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) por el proceso de competencia desleal.
La empresa paceña denunció que esta resolución incumple flagrantemente un fallo previo de la Sala Constitucional de La Paz, el cual ordenaba reparar las vulneraciones al debido proceso en las que había incurrido la máxima instancia judicial del país.
Según el comunicado de la cementera, el nuevo auto emitido por los magistrados es «arbitrario, contradictorio e incompatible con el derecho boliviano e internacional».
La firma asegura que la resolución se dictó bajo un «clima de amedrentamiento» tanto en Chuquisaca como a nivel nacional, ignorando de facto la tutela judicial que se le había concedido para proteger sus derechos constitucionales.
«La tutela judicial no ordenó un simple ajuste semántico del auto previo, sino la reparación efectiva de las vulneraciones al proceso», manifestó la empresa, lamentando que, a pesar de que el propio Tribunal Supremo reconoció la validez de varios de sus argumentos técnico-jurídicos, terminó dictando un fallo adverso.
La compañía sostiene que el Estado boliviano lleva más de 16 años eludiendo el pago de una indemnización por la “expropiación de sus acciones de Fancesa”, que supera los 290 millones de dólares.
“Fancesa no busca justicia”
En el comunicado se subraya de forma categórica que las demandas interpuestas por Fancesa carecen de una búsqueda genuina de justicia, habiendo sido «instrumentalizadas histórica y jurídicamente como una maniobra de dilación» con el único fin de evitar el desembolso de la indemnización.
Para la cementera paceña, esta determinación del Tribunal Supremo no solo le genera un grave e injusto daño económico y administrativo, sino que también «sienta un precedente sumamente preocupante para la inversión privada en Bolivia», al vulnerar principios elementales de certidumbre y proporcionalidad en el ámbito empresarial.
Ante lo que califican como un «desvío procesal», Soboce anunció que no cesará en su derecho a la defensa y activará de inmediato nuevas acciones legales, agotando todas las instancias jurisdiccionales y constitucionales que correspondan.
Asimismo, la firma y sus accionistas hicieron reserva expresa de sus derechos amparados tanto en las leyes nacionales como en el derecho internacional.
