El dirigente Reynaldo Ezequiel advirtió al presidente Rodrigo Paz que el Gobierno enfrenta dos caminos: convocar a elecciones nacionales o afrontar nuevas movilizaciones en el país.
“Paz tiene dos opciones: llamar a elecciones nacionales lo más antes posible o se va a ir con movilizaciones”, afirmó Ezequiel, al anunciar la conformación de un comité de defensa del pueblo cruceño y boliviano.
El dirigente cuestionó las políticas económicas del Gobierno y acusó a la administración de Paz de gobernar “a punta de decretazos”. También anunció que el nuevo comité buscará “defender el bolsillo del pueblo boliviano” frente a las medidas gubernamentales.
Ezequiel informó que para la próxima semana se prepara una movilización hacia diferentes instituciones del Estado. Aseguró que la protesta será “100% pacífica”.
El dirigente ratificó además la exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5676, cuestionado por diferentes sectores debido a sus disposiciones sobre los precios y la subvención de combustibles.
El Estado de excepción sigue vigente
El anuncio de Ezequiel se produce mientras continúa vigente el Estado de excepción decretado por Paz el 20 de junio de 2026, mediante el Decreto Supremo 5636.
La medida fue declarada después de más de 50 días de bloqueos y protestas que afectaron la circulación, el abastecimiento y la actividad económica. Su vigencia fue establecida por 90 días, por lo que está previsto que concluya el 18 de septiembre.
El Estado de excepción no establece un toque de queda ni suspende de manera general los derechos fundamentales. La población puede circular, trabajar, estudiar y realizar sus actividades cotidianas.
Sin embargo, la medida prohíbe los bloqueos de calles, caminos y carreteras que afecten la circulación y el abastecimiento. También restringe durante las movilizaciones el porte de armas, explosivos, sustancias inflamables, “miguelitos” y combustible en envases no autorizados.
Las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a apoyar temporalmente a la Policía en la liberación de vías y la protección de rutas estratégicas e infraestructura esencial.
La normativa tampoco implica el cierre de bancos ni una restricción general a la libertad de expresión. Las autoridades pueden establecer limitaciones temporales y focalizadas en zonas donde exista un riesgo comprobado para las personas.
Debate sobre una ampliación
A menos de tres semanas del vencimiento, la posibilidad de ampliar el Estado de excepción ya ingresó al debate político.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, planteó el 27 de agosto que la medida debería ampliarse si continúan las amenazas de movilizaciones y acciones que, según afirmó, afectan al Estado de derecho.
El vocero presidencial José Luis Gálvez, sin embargo, señaló que la ampliación no constituye por ahora una prioridad inmediata, aunque dejó abierta esa posibilidad si las autoridades consideran necesario prolongarla.
El propio Paz había sostenido el 30 de junio que el Estado de excepción tendría una duración de 90 días y se aplicaría bajo las garantías establecidas por la Constitución y los derechos humanos.
Además, el diputado oficialista Manolo Rojas anunció que analiza un proyecto para ampliar la vigencia de la medida ante las amenazas de nuevas protestas y otros escenarios de emergencia.
En este escenario, el anuncio de Ezequiel plantea un nuevo desafío al Ejecutivo: una movilización que, aunque sus organizadores califican de pacífica, podría enfrentar las restricciones vigentes contra los bloqueos y otras acciones que interrumpan la circulación.
