La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) solicitó este sábado al Gobierno boliviano promover acciones legales y diplomáticas contra el fiscal regional de Arica, Chile, Mario Carrera, al considerar que su actuación en el denominado caso «narco-maderas» provocó un grave perjuicio a la imagen del sector forestal y puso en riesgo las exportaciones bolivianas.
Mediante un comunicado, la organización empresarial expresó su «profundo malestar y preocupación» por la forma en que fue manejada la investigación sobre un cargamento de madera boliviana presuntamente contaminado con sustancias controladas.
Según la FEPSC, la denuncia habría estado sustentada en una interpretación errónea de los resultados obtenidos por las autoridades chilenas, generando un escenario de incertidumbre que afectó la reputación internacional de las empresas exportadoras.
El sector empresarial sostiene que la difusión del caso comprometió contratos comerciales construidos durante años y dañó la credibilidad de una actividad considerada estratégica para la economía nacional. En ese sentido, cuestionó que una actuación que considera carente del debido rigor técnico haya ocasionado esas consecuencias sin que, hasta el momento, exista una rectificación pública.
Por ello, la FEPSC exhortó al Estado boliviano a presentar un reclamo formal ante el Gobierno de Chile y solicitar una investigación sobre la actuación del fiscal regional de Arica, además de impulsar las acciones administrativas y legales que correspondan por los perjuicios ocasionados al sector forestal.
También pidió que el caso sea esclarecido con rapidez y transparencia para restituir la confianza de los mercados internacionales.
El denominado caso «narco-maderas» se hizo público el 8 de junio de 2026, cuando la Fiscalía Regional de Arica, la Armada y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile anunciaron el hallazgo de 1.080,8 toneladas de madera provenientes de Bolivia presuntamente impregnadas con cocaína, ketamina y otras sustancias ilícitas en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio.
Las autoridades chilenas estimaron que la carga contenía más de 100 toneladas de droga, calificando el operativo como el mayor decomiso de este tipo en la historia del país. Sin embargo, el Gobierno boliviano informó que las pesquisas chilenas se desarrollaban desde octubre de 2025, como parte de una investigación internacional sobre una red de narcotráfico que utilizaba cargamentos de madera para el envío de droga al exterior.
