El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, informó que el Órgano Legislativo se encuentra a la espera de un paquete de leyes estructurales diseñado para estabilizar y reactivar la economía del país.
Según la autoridad, el enfoque prioritario de la agenda legislativa para lo que resta de la gestión y con miras a los próximos años se centra en tres pilares fundamentales. la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Inversiones y la Ley de Energías, las cuales buscan generar un marco de certidumbre para el desarrollo nacional.
En materia de hidrocarburos, Castro subrayó la urgencia de una normativa que permita la reactivación de los campos gasíferos. El objetivo principal es realizar ajustes que atraigan a nuevas empresas para tareas de exploración y explotación, evitando que la caída en los índices de producción resulte en que el gas disponible se destine únicamente a cumplir contratos de exportación sin dejar beneficios suficientes para el consumo interno.
Por otro lado, la Ley de Inversiones se perfila como una pieza importante para otorgar seguridad jurídica a los capitales que deseen llegar al país. El diputado, citado en Correo Play, se refirió a un dato proporcionado por la Procuraduría, en el que se menciona que el país perdió el 90% de sus procesos judiciales debido precisamente a la falta de seguridad jurídica.
Esta nueva ley pretende “preparar a Bolivia para el mundo y al mundo para Bolivia”, estableciendo reglas claras en reciprocidad con los inversores internacionales.
En cuanto al ámbito energético, la prioridad es impulsar la transición hacia energías alternativas para reducir la dependencia de las termoeléctricas, que actualmente generan el 80% de la electricidad del país quemando gas. Castro destacó proyectos estratégicos como el Carrizal, Ivirisu y Miguillas, señalando que solo estas represas podrían cubrir entre el 30% y 40% del consumo nacional de electricidad, evitando así un traslape de tiempos que derive en una crisis energética.
El titular de la Cámara Baja reconoció que el tratamiento de estas leyes podría toparse con ciertos “candados” en la Constitución Política del Estado. Aunque defendió la vigencia de la actual Carta Magna, no descartó que, tras un análisis técnico en las comisiones y un hub de profesionales de alto nivel, se deban considerar ajustes constitucionales para que las leyes sean más “permisibles” y se ajusten a la realidad económica que demanda el progreso del país.
