La Cámara Automotor Boliviana (CAB) advirtió este martes que una eventual nacionalización de vehículos indocumentados o “chutos” provocaría una devaluación de hasta el 50% en el precio de los motorizados adquiridos legalmente, además de afectar la generación de empleo y fomentar la ilegalidad.
El gerente general de la CAB, Luis Encinas, afirmó que la propuesta de regularización de vehículos indocumentados “desnuda nuevamente una montonera de problemas y trabas” para el sector formal y cuestionó que se pretenda legalizar unidades de contrabando en lugar de reforzar los controles.
“Si tienen un vehículo que han comprado legalmente en una tienda, se van a devaluar sus vehículos hasta el 50%”, aseguró.
Encinas sostuvo que la iniciativa también incrementaría la presión sobre el abastecimiento de combustibles, en un contexto en el que, según dijo, ya existen dificultades para la provisión.
El ejecutivo cuestionó además la exigencia de un certificado de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) para la importación de vehículos nuevos provenientes directamente de fábrica.
En contraste, señaló que los esfuerzos de control deberían concentrarse en los vehículos indocumentados que circulan en el país.
Según Encinas, en Bolivia existen alrededor de 1,4 millones de vehículos “chutos”, situación que atribuyó a una falta de aplicación de las normas vigentes contra el contrabando.
También cuestionó que las autoridades impulsen una eventual regularización cuando la Constitución establece que el contrabando constituye un delito imprescriptible.
El ejecutivo sostuvo que un vehículo “chuto” “es un cúmulo de delitos”, al señalar que algunos de esos motorizados estarían vinculados con actividades ilícitas, aunque aclaró que no todos son robados.
Asimismo, rechazó los argumentos de quienes sostienen que una nacionalización permitiría recaudar unos 6.000 millones de dólares.
Recordó que durante el proceso de regularización efectuado en 2011 muchos propietarios recurrieron a diferimientos de pago y, posteriormente, cancelaron solo una parte de sus obligaciones, por lo que consideró que las proyecciones de recaudación actuales son “una ingenuidad”.
Encinas advirtió también que una medida de ese tipo pondría en riesgo las aproximadamente 8.000 fuentes de empleo directas del sector automotor formal, además de miles de empleos indirectos vinculados a la actividad.
