Una investigación del diario financiero News Time constató que los juristas no tomaron en cuenta los argumentos expuestos por la petrolera y en tiempo récord decidieron un veredicto que atenta contra el Estado boliviano.
Lo que llama la atención, es que la jueza Ximena Flores es cuestionada en el ámbito judicial y enfrenta más de una decena de procesos en la Justicia.
ANTECEDENTES
Los antecedentes señalan que en abril de 2024, durante la administración del Movimiento al Socialismo (MAS), el Directorio de YPFB Refinación S.A., modificó el Reglamento de Garantías para Procesos de Contratación, flexibilizando los requisitos para respaldar contratos de provisión de materia prima y permitiendo pagos anticipados millonarios sin garantías suficientes. En ese entonces, incluso el hijo del expresidente Luis Arce (hoy en la cárcel) era partícipe de negociaciones oscuras.
Bajo esta normativa, se firmaron dos contratos con Agroindustrial del Este – INDUESTE SRL, por más de Bs 1.000 millones para el suministro de aceite de soya, insumo clave en la producción de biodiésel.
Empero, la entrega real de materia prima fue sustancialmente inferior a lo pactado, lo que ocasionó un perjuicio económico millonario al Estado boliviano, propietario mayoritario de YPFB Refinación S.A.
EXFUNCIONARIOS BAJO LA LUPA Y AL DESCUBIERTO
La administración actual de YPFB Refinación S.A., inició en 2026 acciones legales contra exfuncionarios de la gestión anterior y representantes de INDUESTE.
Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos provocados por decisiones judiciales cuestionables. En primera instancia, la jueza Ximena Flores, del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de Santa Cruz, aceptó una excepción de incompetencia presentada por INDUESTE.
La audiencia donde se dictó esta resolución se realizó sin notificar a YPFB Corporación, accionista mayoritario, lo que compromete el derecho a la defensa y la legalidad del procedimiento.
La actuación de la jueza Ximena Flores causa un remezón, no solo por haber aceptado una excepción de incompetencia en una audiencia realizada sin notificación a YPFB Corporación, sino también porque, según documentación de respaldo, registra 14 antecedentes disciplinarios en su contra y denuncias relacionadas con faltas leves, graves y gravísimas, presunto prevaricato, negativa o retardo de justicia, resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.
Esta decisión fue ratificada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, integrada por los vocales Reynaldo Sánchez Flores y Ernesto Aponte Rivera. La audiencia de apelación fue convocada de manera inusual, solo 72 horas después de la resolución inicial, sin que YPFB Corporación fuera notificada, profundizando la indefensión estatal.
- Falta de materia prima: La dependencia del aceite de soya y la lenta cosecha de cultivos alternativos (como palma africana o macororó) provocan que las plantas no alcancen su capacidad de diseño.
- Controles y fallas logísticas: Se han reportado irregularidades en la cadena de distribución de YPFB, incluyendo casos donde camiones cisterna transportaron biodiésel sin mezclar, lo que puede causar daños en los motores de los vehículos.
- Polémicas sobre rentabilidad: Diversos centros de estudios económicos (como el CEDLA) han cuestionado la planificación, señalando que la inversión inicial fue alta y que las metas de sustitución de importaciones de diésel son difíciles de cumplir.
