El diputado Reynaldo Seas, proyectista de la Ley de Regularización de Vehículos Indocumentados, afirmó que la iniciativa podría beneficiar a más de 1.050.000 vehículos en todo el país. Explicó que el proyecto también plantea que los recursos recaudados por el proceso de regularización sean destinados al mejoramiento de carreteras y al fortalecimiento de los sectores de salud y educación.
Durante una entrevista, el legislador informó que solicitó datos a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), la Aduana Nacional y el Ministerio de Gobierno para contrastar las cifras sobre la cantidad de vehículos indocumentados que podrían acogerse a la norma.
Seas indicó que, durante la elaboración del proyecto de ley, también sostuvo reuniones con asociaciones de productores rurales para identificar cuántos vehículos podrían ser regularizados y cuántos quedarían excluidos por tener reporte de robo. En ese sentido, aclaró que la propuesta no contempla la nacionalización de vehículos robados, para lo cual plantea que las asociaciones coadyuven en las tareas de control.
El diputado señaló que la iniciativa surgió a pedido de municipios y organizaciones de productores rurales que demandan una solución para los vehículos utilizados en actividades productivas. Según explicó, uno de los principales objetivos es brindar seguridad jurídica a sus propietarios y mejorar las condiciones de circulación.
Asimismo, propuso que los recursos generados por la regularización tengan un destino específico. «Queremos que el Estado ponga orden, pero que los recursos no vayan a un bolsón donde no se sepa qué se hace con esa plata», afirmó.
En ese marco, indicó que la propuesta de los productores es destinar el 50% de la recaudación a la refacción, reconstrucción y ampliación de carreteras nacionales, mientras que el otro 50% se invierta en proyectos de salud y educación a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), para apoyar a los 343 municipios del país.
Seas explicó además que el proyecto incorpora mecanismos para evitar el ingreso de nuevos vehículos indocumentados. Para ello, plantea que la Cancillería coordine con los países vecinos, así como con las autoridades aduaneras y organismos de seguridad, con el fin de reforzar los controles fronterizos e impedir futuras importaciones ilegales.
El legislador sostuvo que la iniciativa responde a una demanda de los productores rurales, quienes utilizan estos vehículos para sus actividades diarias y enfrentan dificultades porque las unidades no cuentan con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), lo que deja desprotegidos a los involucrados en caso de accidentes.
Finalmente, rechazó que el proyecto busque favorecer a los denominados «chuteros» y aseguró que su única motivación es atender una demanda de los sectores productivos. «No es que queramos legalizar lo ilegal ni que tengamos algún tipo de relación con los chuteros. Nuestra relación es con los productores y transportistas de las zonas rurales que nos han planteado esta problemática. Como autoridades elegidas, tenemos la obligación de escuchar a la población y canalizar sus demandas», concluyó.
MINISTRO DE ECONOMÍA RESPALDA NACIONALIZACIÓN
- Postura del Ministerio: Espinoza señaló que están de acuerdo con la iniciativa, pero aclaró enfáticamente que no se nacionalizará ningún motorizado de origen ilícito o que tenga denuncia de robo.
- Proyecto de Ley 494: Plantea una regularización extraordinaria por única vez para los autos «chutos» y maquinaria agrícola. Exige siete requisitos obligatorios (como inspección técnica y pago de multas) y excluye a vehículos robados.
- Destino de los fondos: Todo lo recaudado iría destinado a la infraestructura vial (50% a carreteras fundamentales y 50% a los municipios).
- Rechazo del sector formal: La Cámara Automotor de Bolivia rechazó el proyecto argumentando que incentiva el contrabando y perjudica al comercio automotriz establecido
