El escándalo de corrupción y daño económico denunciado por YPFB Refinación S.A. contra la empresa privada Agroindustrial del Este (Indueste SRL) y exejecutivos de la estatal y que involucra el desembolso irregular de más de Bs 1.000 millones para la compra de aceite crudo de soya destinado a plantas de biodiésel, genera polémica y cuestionamientos contra la Justicia boliviana, particularmente por un fallo de una juez y dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia que favorecen a Indueste.
Cuatro exautoridades y expertos del área de Hidrocarburos, observan las serias irregularidades del contrato y el accionar de la Justicia en el caso.
Hace más de un mes la jueza Ximena Flores, del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de Santa Cruz, aceptó una excepción de incompetencia presentada por INDUESTE. La audiencia donde se dictó esta resolución se realizó sin notificar a YPFB Corporación, accionista mayoritario, lo que compromete el derecho a la defensa y la legalidad del procedimiento.
La actuación de la jueza Ximena Flores causó un remezón, no solo por haber aceptado una excepción de incompetencia en una audiencia realizada sin notificación a YPFB Corporación, sino también porque, según documentación de respaldo, registra 14 antecedentes disciplinarios en su contra y denuncias relacionadas con faltas leves, graves y gravísimas, presunto prevaricato, negativa o retardo de justicia, resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.
Esta decisión fue ratificada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, integrada por los vocales Reynaldo Sánchez Flores y Ernesto Aponte Rivera. La audiencia de apelación fue convocada de manera inusual, solo 72 horas después de la resolución inicial, sin que YPFB Corporación fuera notificada, profundizando la indefensión estatal.
Ante tal situación el diario financiero consultó a diferentes expertos del área para conocer su criterio sobre el particular.
Francesco Zaratti, ex Consultor del Ministerio de Minería e Hidrocarburos y miembro de la Comisión redactora de la nueva Ley de Hidrocarburos en 2004, además de asesor General del Ministro de Minería e Hidrocarburos y ex Delegado Presidencial para la revisión y mejora de la Capitalización es contundente sobre este caso.
«Hay dos estafas que se han hecho en el caso Indueste. La primera es la que hizo el gobierno de Arce al pueblo boliviano con el programa de biodiésel, un plan sin pies ni cabeza y que ha representado mucho dinero, tiene muchos lados oscuros, como el traspaso de la responsabilidad a YPFB Refinación. decretos que parecen estar hechos a propósito, digamos para hacer negociados y fomentar corrupción. La segunda estafa es contra YPFB Refinación y directamente a YPFB. Es un contrato lesivo a los intereses del Estado que se arrastra desde 2024. Cómo es posible dar un adelanto del 100% a una empresa que ni siquiera tenía campos de soya ni experiencia en el campo, una empresa improvisada», sintetiza.
Asimismo refiere que en Bolivia se conoce sobre el accionar de la Justicia, «mientras no se arregle la justicia no podemos esperar nuevas inversiones, no hay ninguna seguridad con jueces que se venden al mejor postor y que abusan de su poder. Hay una absoluta falta de transparencia en Bolivia».
Por su lado, José Padilla, ex secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz y experto del área, indica que este tema es responsabilidad de la justicia sancionar a quienes corresponden y «el que firmó el contrato con la empresa proveedora de la soya debe ir a la cárcel, pues en ningún contrato se otorga el 100% de anticipo».
En criterio de Pedro Torquemada, el caso INDUESTE no debe convertirse en un argumento contra los biocombustibles. «Lo que corresponde investigar y sancionar son las irregularidades en los procesos de contratación y administración de recursos públicos», afirma.
Agrega que el incumplimiento de empresas nacionales ya sea por no tener el producto o por mal comportamiento en los negocios, abre la puerta a la posibilidad de importar esa materia prima ya que al parecer la industria nacional no tiene interés en participar en negocios limpios.
Finalmente cita el aspecto profesional de gente que se hace cargo de las empresas y por mantenerse en esos cargos permiten cualquier cosa de gente que ni siquiera es de la empresa y eso tiene que ver con la responsabilidad profesional y hacer las cosas correctamente.
«Se trata de un tema legal que no debe afectar el uso de biocombustible ni su industrialización», añade Torquemada.
Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos enfatiza que el saqueo contra las empresas estratégicas del Estado sigue en el país. Los pagos anticipados de soya y malos manejos de la planta de biodiésel en Santa Cruz y La Paz son el reflejo de la realidad de Justicia que vive el país.
«Todo el proceso que se venía manejando desde el piso 8 de la petrolera Chaco indicar que a YPFB la siguen saqueando y esto afecta a todos los bolivianos», complementa.
