El rechazo al Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del diésel para grandes consumidores, se extendió este lunes a nuevos sectores sociales y productivos, que anunciaron bloqueos, pusieron plazos y advirtieron con movilizaciones para los próximos días. Entretanto, el Gobierno vivió otro capítulo de la profundización de su crisis interna. No solo se confirmó la salida definitiva de José Gabriel Espinoza del Ministerio de Economía, sino que renunció otro viceministro.
RECHAZO
La Confederación de Gremiales Bolivianos, a través de su ejecutivo nacional, César González, informó que un ampliado de emergencia con representantes de sectores agropecuarios, importadores, exportadores, mineros cooperativistas, cuentapropistas y gremialistas determinó exigir la abrogación del DS 5676 y convocar a una movilización nacional una vez que finalice el estado de excepción.
González advirtió que la medida “nos va a llevar a más hambre y más pobreza en el país” y agregó que “ya se tiene problemas para pagar alquileres, comprar medicamentos, el tema de lo que son material escolar… las amas de casa están sufriendo. Y en sí, toda la población boliviana”.
En Beni, productores agropecuarios y organizaciones sociales de San Andrés, provincia Marbán, resolvieron en un cabildo iniciar un bloqueo indefinido desde las 00:00 del miércoles en el Puente San Pablo, sobre la carretera Trinidad-Santa Cruz.
En Potosí, productores de quinua real orgánica de Colcha K realizaron un “tractorazo” y dieron un plazo de 48 horas al Ejecutivo para abrogar la norma, además de exigir un proyecto de ley de protección al sector quinuero.
El Cochabamba, el dirigente evista del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, ratificó que las Seis Federaciones reiniciarán sus movilizaciones a partir de este miércoles, pese al estado de excepción vigente. “La movilización va a ser a nivel nacional: queramos, no queramos. No se puede aguantar. Aunque haya un estado de excepción, el hambre no se puede aguantar”, advirtió.
Al respecto, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, respondió que sectores afines al “evismo radical” buscan “convulsionar” el país y desafiar el orden constitucional, mientras defendió el ajuste al diésel como una medida para frenar, entre otros, el contrabando de combustible.
CRISIS EN EL GOBIERNO
Entretanto, Espinoza se despidió este lunes del presidente Rodrigo Paz a través de su cuenta de Facebook, luego de retirar un amparo constitucional con el que buscaba revertir su censura en el Legislativo, con lo que se confirmó su salida definitiva del gobinete. “Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo mi esfuerzo durante estos nueve meses y con la certeza de que Bolivia hoy está en una situación distinta a la que encontramos”, escribió la exautoridad. La Justicia aceptó el desistimiento durante una audiencia en El Alto, con lo que quedó firme la censura que la ALP le impuso el 18 de agosto.
En la misma jornada, el viceministro de Coordinación, Planificación Estratégica y Modernización del Estado, Julio Héctor Linares Calderón, presentó su renuncia irrevocable al cargo, con el 26 de agosto como fecha límite para el cese de funciones, argumentando “razones de índole institucional”. Linares señaló que permanecerá en funciones hasta esa fecha para garantizar la entrega ordenada del despacho a la nueva autoridad.
ACUERDO
Por otro lado, y frente al riesgo de desabastecimiento, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y YPFB acordaron un plan de emergencia que prioriza a municipios y al sector productivo y facilita la importación privada de combustible. El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó el problema al “diferencial de precios muy grande” que hace insostenible el actual esquema de abastecimiento.
DENUNCIA
El vicepresidente Edmand Lara informó que presentó una nueva denuncia contra el exministro José Gabriel Espinoza. “Hoy hemos presentado una denuncia penal contra Espinoza por uso indebido de bienes del Estado, y también contra los abogados de Economía y Finanzas, porque no pueden patrocinar a un ciudadano”, señaló.
