El Gobierno de Bolivia manifestó su preocupación por los efectos económicos y comerciales que afrontan empresas y productores del sector forestal nacional a raíz de actuaciones y declaraciones públicas relacionadas con una investigación que llevan adelante autoridades del Ministerio Público de Chile.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que los aspectos centrales del caso todavía requieren esclarecimiento y advirtió que la forma en que se desarrolla y comunica la investigación puede tener consecuencias que van más allá del ámbito penal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció la independencia del Ministerio Público y de los órganos competentes chilenos, así como sus atribuciones legales. Sin embargo, sostuvo que ese respeto institucional no impide al Estado boliviano expresar su inquietud cuando las actuaciones públicas afectan la reputación de empresas, de un sector productivo y del país.

En ese marco, pidió que la investigación se desarrolle con objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
También consideró necesario garantizar el acceso oportuno a la información pertinente y las condiciones para verificar y controvertir técnicamente los elementos probatorios. Entre esos aspectos, destacó la adecuada conservación y trazabilidad de las muestras y los antecedentes relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
La Cancillería cuestionó, además, la difusión de información que no distinga con claridad entre hechos acreditados, hipótesis investigativas y responsabilidades que todavía deben ser determinadas por las instancias competentes.
Según el comunicado, la divulgación anticipada de conclusiones puede ocasionar daños económicos y reputacionales difíciles de revertir, con consecuencias para empresas, trabajadores y productores que desarrollan actividades legítimas.
El Gobierno boliviano aclaró que su pronunciamiento no busca interferir en procedimientos que corresponden a las autoridades chilenas. No obstante, reivindicó su responsabilidad de proteger los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos y sectores productivos, así como de promover el esclarecimiento objetivo del caso.
Finalmente, anunció que continuará abordando la situación mediante los canales diplomáticos e institucionales correspondientes, con apego al derecho internacional y respeto a la soberanía de ambos países.
La Cancillería afirmó que la cooperación, la transparencia, el debido proceso y el rigor técnico son fundamentales tanto para esclarecer los hechos como para evitar perjuicios desproporcionados al comercio bilateral y preservar una relación constructiva entre Bolivia y Chile.






