La creciente presión sobre las cuentas públicas y el encarecimiento del diésel en los mercadosj internacionales vuelven a poner en debate la necesidad de revisar el esquema de subsidios y garantizar el suministro interno.
En ese marco, la CBHE exterioriza su preocupación por la situación actual del mercado de combustibles pues obliga a Bolivia a abordar el debate sobre el diésel desde una perspectiva más amplia. El problema no se reduce a determinar si el precio interno debe subir o mantenerse: detrás de esa discusión existe una diferencia cada vez más relevante entre el costo real de adquisición del combustible y el precio al que se comercializa dentro del país.
Bolivia es un importador estructural de diésel, por lo que las variaciones del mercado internacional tienen un impacto directo sobre el costo de abastecimiento nacional. Cuando los precios internacionales aumentan, el costo de cada cargamento importado también se incrementa, independientemente del precio que posteriormente se establezca en el mercado interno.
Esta situación genera una presión creciente sobre el esquema de subsidios. Mientras el precio interno se mantenga por debajo del costo de reposición, la diferencia debe ser cubierta mediante recursos públicos, asumida por los actores que participan de la cadena o, eventualmente, reflejarse en una menor disponibilidad del producto.
El escenario internacional hace que esta situación sea todavía más compleja. El mercado mundial del diésel enfrenta menores inventarios, restricciones en determinadas fuentes de suministro y una mayor competencia por los cargamentos disponibles. En consecuencia, asegurar las importaciones requiere hoy enfrentar condiciones de mercado más exigentes que las habituales.
La experiencia internacional muestra que los subsidios generalizados a los combustibles pueden convertirse en una presión significativa para las finanzas públicas cuando se mantienen durante períodos prolongados.
Por ello, una eventual modificación del esquema debería considerar mecanismos que permitan preservar la protección de los sectores más vulnerables sin trasladar de manera indefinida el costo total al Estado.
El debate, por tanto, debería pasar de una discusión centrada exclusivamente en el precio del litro de diésel hacia una pregunta más amplia: ¿qué mecanismo permite garantizar el abastecimiento sin comprometer la sostenibilidad económica del país?
Esto implica considerar alternativas como esquemas diferenciados de precios, mecanismos de protección focalizados y medidas que permitan asegurar el suministro para las actividades productivas esenciales.
La prioridad debería ser evitar que una diferencia creciente entre el precio interno y el costo internacional termine generando dificultades para acceder al combustible. Porque un precio artificialmente bajo pierde su beneficio económico cuando el producto deja de estar disponible de manera regular.
En este contexto, especialistas y personas vinculadas al sector consideran que Bolivia necesita abordar la discusión con información transparente y desde una perspectiva integral, considerando simultáneamente abastecimiento, precios, subsidios, producción nacional, importaciones y sostenibilidad fiscal.
El desafío no consiste simplemente en definir un precio para el diésel. Consiste en encontrar un esquema que permita que el combustible esté disponible todos los días, que la economía pueda seguir funcionando y que el costo de esa política sea sostenible para el país en el tiempo.
La seguridad energética y la sostenibilidad de las finanzas públicas deben ser consideradas conjuntamente al momento de definir el futuro de la política de combustibles en Bolivia.
