El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó un informe sobre la incautación de 189,5 kilos de oro en el Aeropuerto de Viru Viru, donde el ciudadano Adrián L. R. fue aprehendido, acusado de enriquecimiento ilícito con daño al Estado, contrabando y comercialización ilegal de minerales.
La intervención se produjo tras un aviso de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), que permitió a efectivos policiales acudir al área de Rayos X, donde se identificaron cuatro maletas bajo responsabilidad del detenido, acompañado de un funcionario de Aduana y el gerente comercial del vuelo chárter con destino a Dubái.
Al revisar la documentación del cargamento, la Policía contactó al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), cuyos funcionarios confirmaron que el oro no estaba registrado. Por ello, el caso fue remitido a oficinas de anticorrupción con toda la documentación elaborada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Satélite Norte, reforzando la investigación sobre el intento de traslado irregular.
Más tarde, a las 13:35, con la presencia del fiscal Gomer Padilla, se acudió a la sala de cámaras de seguridad del aeropuerto. Allí se verificó el recorrido de las maletas desde su ingreso a la terminal hasta la intervención de la Aduana Nacional en Rayos X, confirmando la secuencia de movimientos del cargamento.
Oviedo también informó que se tomó contacto con la supervisora de carga de la Aduana Nacional, Madeline Campos, quien verificó el código QR del Senarecom, sin lectura válida, y el formulario DEX, que no figuraba en el sistema SUMA. Este documento registraba a la empresa Emporio Dorado SRL como exportadora, declarando 77 lingotes de oro con destino a Emiratos Árabes Unidos.
El cargamento quedó bajo custodia del Ministerio Público, mientras se profundizan las investigaciones. Oviedo relató que durante la madrugada del 22 de julio recibió la llamada del teniente Creider Espinoza López, quien informó sobre la detención de la carga por documentación falsa. El ministro instruyó actuar bajo estricto cumplimiento de la ley y felicitó al efectivo policial por su labor, asegurando que “este Gobierno no va a encubrir ningún caso de corrupción o hecho ilícito”.
Además, Oviedo ordenó la entrega inmediata de información oficial sobre la cronología de los hechos, actas de requisa, registros de secuestro y detalle de las personas que autorizaron la libertad de cinco involucrados, adjuntando copias de los registros de Naabol y la Felcc Satélite Norte.
Finalmente, pidió esclarecer el paradero de los dispositivos electrónicos secuestrados y solicitó documentación verificable sobre la cantidad real de oro decomisado, enfatizando que, de existir responsabilidades, los implicados deben ser puestos a disposición del Comando General de la Policía Boliviana para garantizar transparencia en el proceso, y que el caso seguirá bajo investigación.
