El director de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, afirmó que las empresas públicas deficitarias acumularon pérdidas por Bs 12.742 millones, recursos que, según señaló, pudieron destinarse a inversión social e infraestructura.
En total son 15 empresas identificadas en estado crítico. Ellas son ETASA, YLB, Metalúrgica Karachipampa, Quipus, TAM; la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), la azucarera de San Buenaventura, la empresa Mutún, B-Agro, la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), la empresa de producción de semillas; Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), BoA y Mi Teleférico.
Asimismo, defendió la necesidad de aplicar medidas para reestructurar o cerrar las compañías que no son sostenibles.
Durante la presentación del diagnóstico sobre la situación del sector empresarial estatal, Camacho sostuvo que el análisis realizado por la OFEP evidencia que varias inversiones públicas se ejecutaron sin una adecuada planificación productiva, lo que derivó en proyectos que hoy generan pérdidas para el Estado.
Como ejemplo, mencionó plantas industriales con un alto nivel de avance físico, pero sin la provisión de materia prima necesaria para operar.
«Las plantas ya tienen un 90% de avance, pero se olvidaron sembrar macororó y palma africana. Eso es lo que hicieron con nuestros recursos», afirmó.
Pérdidas
El director de la OFEP aseguró que las pérdidas acumuladas representan un elevado costo para las finanzas públicas, al tratarse de recursos que podrían haberse destinado a sectores prioritarios.
«Son Bs 26.382 millones que dejaron de beneficiar a los bolivianos. Con esos recursos podríamos tener escuelas, carreteras, hospitales o fortalecer el fondo de compensación», señaló.
Camacho insistió en que el debate no debe centrarse en defender empresas públicas por su naturaleza estatal, sino en evaluar si cumplen un objetivo económico y social y si administran eficientemente los recursos públicos.
Reestructuración
El funcionario explicó que la OFEP viene trabajando junto al Consejo Superior de Empresas Públicas (COSEP) en un proceso de evaluación que servirá de base para que cada ministerio defina el futuro de las empresas bajo su dependencia.
Indicó que las carteras de Estado deberán asumir la responsabilidad de implementar las medidas correctivas necesarias, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el COSEP.
«Las decisiones deben ir de la mano de cada ministerio. Son ellos quienes tienen que asumir la responsabilidad y llevar adelante las medidas que sean necesarias», afirmó.
Protección
Camacho concluyó que el objetivo de la reforma es proteger los recursos públicos y evitar que continúen destinándose a empresas que no generan valor para la economía.
«Estos no son recursos de este Gobierno ni fueron recursos de otros gobiernos; son recursos de todos los bolivianos», enfatizó.
El diagnóstico presentado por la OFEP forma parte del proceso de revisión del sector empresarial estatal impulsado por el Ejecutivo, que contempla la reestructuración de empresas estratégicas, la búsqueda de asociaciones público-privadas para aquellas con potencial de recuperación y el cierre de las entidades consideradas financieramente inviables.
