La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó este martes la implementación de un plan de “salvataje” para empresas en riesgo, así como la adopción de medidas concretas que eviten la repetición de bloqueos de carreteras, tras evaluar el impacto de más de 50 días de conflicto en el país.
Al concluir la cumbre empresarial realizada en Cochabamba, el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, informó que las organizaciones participantes acordaron solicitar una reunión inmediata con el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, con el objetivo de presentar un paquete de propuestas consensuadas.
Ortuño explicó que los planteamientos serán sistematizados y remitidos a las instancias correspondientes, aunque remarcó que ya existe coincidencia en las principales demandas del sector empresarial.
Entre ellas, destacó la necesidad de un programa de salvataje para empresas en riesgo “sin exclusiones de sectores o regiones”, además de garantías de seguridad jurídica, previsibilidad en las políticas económicas y la implementación de normas que impidan los bloqueos de carreteras.
Asimismo, el empresariado planteó evitar nuevas cargas salariales o tributarias que agraven la situación de las empresas, así como mejorar el acceso a financiamiento y liquidez sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.
Respecto a los efectos del conflicto, Ortuño calificó el impacto de los bloqueos como “profundo, injusto e inaceptable”, y anunció la conformación de una comisión jurídica que analizará posibles acciones para establecer responsabilidades, exigir resarcimientos y promover mecanismos que eviten la repetición de estas medidas de presión.
El dirigente advirtió que los bloqueos se han convertido en una práctica recurrente que afecta de manera transversal a la economía, la producción, el empleo y la imagen del país, por lo que insistió en la necesidad de erradicarlos.
Finalmente, sostuvo que Bolivia requiere un plan nacional de recuperación económica, coordinado y sostenible, con participación activa de los sectores productivos. En ese marco, expresó su confianza en que el Gobierno atenderá la solicitud de diálogo, destacando que la relación con el Ejecutivo es “amigable” y “franca”, mientras el sector avanza en la consolidación de sus propuestas.
Las determinaciones
1. Salvataje de empresas en riesgo sin exclusiones de sectores o regiones
2. Garantía de seguridad jurídica: implica normativas y medidas concretas para evitar bloqueos de carreteras
3. Previsibilidad para que las normas aprobadas no se reviertan por presiones
4. La seguridad que en este proceso no se producirán nuevas cargas salariales, impositivas o de otra índole que precaricen más a los sectores y a las regiones
5. Impulsar medidas para que las empresas dispongan de financiamiento y liquidez sin dañar al sistema financiero nacional
6. Evitar que cualquier decisión que ponga el peso de la crisis en sectores específicos o en unos cuantos sectores.
