A partir de este lunes, 29 de junio, entra en vigencia el tipo de cambio flexible en Bolivia con un valor inicial de 9,73 bolivianos por cada dólar estadounidense.
El Ministerio de Economía aprobó el viernes 26 de junio una disposición para avanzar hacia un régimen de tipo de cambio flexible en reemplazo del esquema fijo que rigió desde 2011, para “fortalecer la estabilidad macroeconómica”. Con esta determinación, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció una nueva cotización que entrará en vigencia desde este lunes 29 de junio.
Desde noviembre del 2011, el dólar en Bolivia tenía una cotización fija de Bs 6,96. Este tipo de cambio no tuvo ninguna variación durante 15 años; sin embargo, debido a los problemas económicos y la escasez de esta moneda norteamericana durante el gobierno de Luis Arce, llegó a cotizarse hasta en Bs 20 en el mercado paralelo.
En diciembre pasado, un mes después de la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, el BCB empezó a publicar a diario un valor referencial del dólar respecto al boliviano y se comunicó que se alistaba a unificar el tipo de cambio.
En enero se inició la devolución de divisas a personas y pequeñas empresas con ahorros de hasta 1.000 dólares en sus cuentas bancarias, una medida que desde julio se extenderá progresivamente a los demás ahorristas, según el Ministerio de Economía.
En abril se ordenó la habilitación del uso de las tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior con base en el tipo de cambio referencial con por lo menos $us 500.
El tipo de cambio oficial se definirá en base al promedio ponderado de las operaciones cambiarias de compra realizadas por los múltiples bancos, los bancos PymE y el banco público con sus clientes.
“Cada día hábil, a horas 20:00, el BCB publicará en su página web el Tipo de Cambio Oficial que será vigente al día siguiente para las operaciones del sector público y del BCB y para los registros contables y de valoración”, señala el artículo 5 del reglamento de operaciones que difundió el BCB.
Anticréticos
Los contratos de anticrético en dólares serán los más afectados. Al momento de la devolución del capital, el propietario deberá entregar la misma cantidad de dólares o su equivalente según lo establecido contractualmente. Si el tipo de cambio continúa aumentando, la devolución en bolivianos resultará considerablemente más costosa.
Por el contrario, los nuevos contratos tenderán a negociarse cada vez más en bolivianos, reduciendo la dolarización del mercado inmobiliario y disminuyendo el riesgo cambiario tanto para propietarios como para inquilinos.
Ahorros
Para los ahorristas, el nuevo régimen podría incentivar una mayor diversificación entre activos en bolivianos y dólares. Si el mercado percibe que la política económica es consistente y creíble, gradualmente podría disminuir la demanda especulativa de divisas.
Sin embargo, si persiste la incertidumbre económica, muchos agentes continuarán prefiriendo mantener parte de su patrimonio en dólares como mecanismo de protección frente a la depreciación del boliviano.
El tipo de cambio fijo funcionó mientras el país generó suficientes dólares para atender la demanda interna. Pero cuando comenzaron a disminuir los ingresos por exportaciones y aumentó la necesidad de importar combustibles, alimentos, insumos y maquinaria, el equilibrio se rompió.
ASÍ OPINAN LOS ECONOMISTAS Y EMPRESARIOS
En criterio del presidente de la Cainco de la provincia Germán Busch, Luis Antonio delgadillo el impacto puede sentirse con mayor rapidez en la frontera.
«En la provincia Germán Busch convivimos con una realidad económica particular: el boliviano, el real brasileño y el dólar forman parte de nuestra dinámica comercial. Aunque en los últimos años el dólar no circuló de manera directa como antes, siguió siendo una referencia para importaciones, exportaciones, transporte, comercio exterior, servicios logísticos y formación de precios. Nuestra frontera viva con Brasil hace que cualquier variación entre el real y el dólar influya rápidamente en nuestra economía local. Ahora, con un boliviano que también tendrá una relación más flexible frente al dólar, debemos observar con mucha responsabilidad cómo se moverán los precios, los costos de importación, las deudas, los ahorros, el comercio fronterizo y la competitividad de nuestras empresas», señala.
Además agrega que por tal situación, hoy más que nunca se necesita una agenda seria de desarrollo provincial, fortalecer los puertos, consolidar el Corredor Bioceánico, impulsar el Mutún, avanzar con la Zona Económica Especial de Desarrollo y generar condiciones para atraer inversión y empleo.
Por su lado, la economista Ligia Lewin de Céspedes, considera que cambiar el precio del dólar no solucionará por sí solo los problemas de Bolivia.
«Si el Estado sigue gastando más de lo que produce y no se recupera la credibilidad para atraer inversión, impulsar la producción y aumentar las exportaciones, la economía seguirá enfrentando dificultades. El tipo de cambio puede ser una medida necesaria, pero debe formar parte de un plan económico integral», sintetiza Lewin.
Para el economista Darío Monasterio, el cambio representa una señal importante de un nuevo rumbo económico y responde a una situación que, en la práctica, ya había dejado atrás el dólar oficial de 6,96 bolivianos.
Sin embargo, Monasterio señaló que existen factores que generan dudas sobre la oportunidad de la medida. Explicó que el contexto actual tiene elementos favorables y desfavorables para implementar un cambio de esta magnitud. Entre los aspectos negativos mencionó un escenario reciente de dificultades económicas y sociales, además de un nivel de reservas que todavía no sería el esperado. Las Reservas Internacionales Netas (RIN), descendieron de 15.122 millones de dólares en 2014 a 3.713 millones de dólares en 2025.
Desde otra perspectiva, el economista Germán Molina cuestionó la forma y el momento en que se aplicó la medida. Según su análisis, un régimen flexible requiere condiciones macroeconómicas que Bolivia todavía no tiene resueltas.
Molina observó que el cambio ocurre con un escenario de bajo flujo de divisas, reservas limitadas y un déficit fiscal elevado. En la reformulación del PGE 2026, el Gobierno proyectó un déficit fiscal de 9% para la gestión 2026.
