La marcha indígena que partió desde Pando ya se encuentra en el municipio de Caranavi, luego de casi dos semanas de recorrido, en rechazo a la Ley 1720 y el abastecimiento de diésel, que han agitado con más fuerza el malestar social con el ingreso de nuevos actos. Desde el parlamento, el diputado de Unidad, Alejandro Reyes, planteó que se aplique mayor «mano dura» ante esta situación.
La movilización indígena recibió en las últimas horas el refuerzo de al menos 300 marchistas en la población beniana de San Ignacio de Moxos. Tras arribar este sábado a Caranavi, la columna prevé reanudar su recorrido durante el fin de semana rumbo a la ciudad de La Paz, ubicada a 167 kilómetros de la sede de gobierno.
La protesta exige la derogación de la Ley 1720 de reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad, argumentando que afecta territorios indígenas y pequeñas propiedades productivas, convirtiéndose en uno de los principales ejes de presión social contra el gobierno.
Desde la Asamblea Legislativa, el diputado de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, sostuvo que existe “una rearticulación de demandas sociales, en su mayoría con tintes políticos”, y advirtió coincidencias entre distintos sectores movilizados. “Estamos viendo las mismas frases, la misma lógica e incluso probablemente el mismo financiamiento”, afirmó.
El legislador dijo esperar que las protestas no representen una rearticulación del MAS y aseguró que parte de la población rechaza los bloqueos y marchas como mecanismos de presión. En ese contexto, pidió al Ejecutivo endurecer las acciones frente a las movilizaciones.
“Es momento de tener mano más dura, de hacer que se imponga la ley. Aquí no cualquiera puede marchar o bloquear”, declaró Reyes, quien además solicitó acelerar el tratamiento de la denominada Ley Antibloqueos en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
Una dirigente de la marcha aseguró que se mantienen firmes en sus demandas de abrogación de la Ley 1720, titulación de tierras de los barraqueros de Pando y voto de rechazo a la Ley Antibloqueos que se pretende considerar en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la diputada oficialista Claudia Bilbao aseguró que el gobierno mantiene apertura al diálogo respecto a las demandas sobre tierras, educación y el pliego de la COB. Recordó que el ministro Mario Justiniano comprometió incorporar un artículo a la Ley 1720 para garantizar la protección de la pequeña propiedad.
Sin embargo, la legisladora también expresó preocupación porque varias de las movilizaciones “tengan tintes políticos de gente que no quiere que este gobierno salga adelante”.
A las protestas indígenas se sumó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que resolvió respaldar “moral y materialmente” la marcha mediante una decisión asumida en ampliado nacional realizado en Potosí el pasado 21 de abril.
El sector minero rechazó igualmente la Ley 1720, argumentando que perjudica a pequeños productores, y convocó a sus sindicatos afiliados a designar representantes para incorporarse activamente a la movilización indígena.
En paralelo, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cedetran) declaró estado de emergencia y anunció marchas y bloqueos desde este lunes 27 de abril, denunciando la persistente escasez de combustibles y perjuicios económicos acumulados desde enero.
Los transportistas cuestionaron el monopolio atribuido a la empresa Trafigura, exigieron la suspensión de operaciones de Medlog Trucks Bolivia por supuesta competencia desleal y demandaron la devolución de 12 camiones incautados en Perú. Asimismo, reclamaron la regularización inmediata del suministro de diésel, recordando que el sector aceptó el incremento del precio del combustible hasta Bs 9,80 sin que ello solucionara el desabastecimiento.
Cedetran convocó a todas sus empresas afiliadas a concentrarse este lunes desde las 07.00 en la extranca de Senkata para iniciar las medidas de presión, en una jornada que podría profundizar la tensión social y complicar el abastecimiento y la circulación en el occidente del país.
BLOQUEOS EN LA PAZ
La crisis de combustibles en Bolivia escaló este sábado con bloqueos protagonizados por transportistas de carga pesada en las principales rutas de salida del departamento de La Paz, afectando el tránsito hacia Oruro y Copacabana y dejando a cientos de pasajeros varados en carretera. En el caso de la vía a Oruro, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que el corte fue instalado a la altura del surtidor Nimagasbol debido a la falta de diésel.
Desde primeras horas del día, camiones y vehículos de alto tonelaje fueron atravesados en distintos puntos estratégicos como medida de presión ante la escasez de diésel, un problema que se arrastra desde hace varias semanas y que golpea con fuerza al sector del transporte y la cadena logística del país.
Uno de los focos más conflictivos se instaló en la vía hacia Oruro, entre La Apacheta y la tranca de Achica Arriba, cerca de Mazocruz y del surtidor Nimagasbol. En ese tramo, buses interdepartamentales, camiones de carga y vehículos particulares quedaron completamente detenidos, mientras decenas de pasajeros optaron por caminar kilómetros para intentar continuar su viaje.
COPACABANA
La escena se repitió en la ruta hacia Copacabana, uno de los principales destinos turísticos del altiplano boliviano. En la zona de la extranca de San Roque y cerca de la ex fábrica de vidrios, los transportistas cerraron el paso denunciando pérdidas económicas y falta de respuestas por parte de las autoridades, según reporte de la red UNO.
“Llevamos tres días buscando combustible y no hay información clara. Mientras hacemos fila sufrimos incluso robos”, relató uno de los conductores movilizados, quien aseguró al medio televisivo que muchos choferes permanecen desde hace más de 48 horas en estaciones de servicio esperando abastecerse de diésel.
