La liberación de detenidos, la jubilación con el 100% del sueldo, la prohibición de acuerdos de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la garantía de no privatización ni capitalización, el congelamiento del precio de los hidrocarburos y la expulsión del asesor del Presidente, Fernando Cerimedo están entre las condiciones puestas por la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar Bolivia, a 47 días de un duro bloqueo. Mientras tanto, el Gobierno convoca al diálogo este miércoles a partir de las 10.00 y pide la suspensión de los bloqueos.
La denominada “Conminatoria y Planteamiento para la Pacificación y la Recuperación del País” fue enviada, junto a una carta, al presidente Rodrigo Paz. El dirigente de la COB, Mario Argollo, exigió atender de manera inmediata la propuesta de pacificación, porque de no recibir una respuesta favorable, el bloqueo continuará con la exigencia de renuncia de Paz.
Conozca el planteamiento de la COB
La Central Obrera Boliviana, junto a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas originarias, vecinales, fabriles, mineras, gremiales, transportistas y sectores populares del país, conminan y plantean al Gobierno nacional la atención inmediata de los puntos adjuntos. Para ello, exigimos la respuesta por parte del presidente Rodrigo Paz de manera inmediata y se solicita la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal y la no judicialización de la protesta.
Esto deberá regirse bajo una agenda pública, plazos concretos, actas verificables y compromisos medibles, estructurados en los siguientes ejes fundamentales:
1. DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS ORGÁNICAS Y PACIFICACIÓN
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Rechazo a la criminalización de la protesta: Se rechazan los proyectos de ley antibloqueos y se exige suspender, abrogar y archivar definitivamente toda norma que restrinja desproporcionadamente el derecho a la movilización. Se prohíbe el uso de acusaciones generalizadas de terrorismo o narcotráfico contra las organizaciones sin pruebas individualizadas.
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Cese de persecución y liberación de detenidos: Se exige el alto inmediato a la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas. Se solicita la liberación inmediata y amnistía, mediante la revisión de casos, de los presos políticos y personas detenidas en el marco del conflicto, garantizando el debido proceso.
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Lucha contra el racismo: Detener de manera inmediata todo acto de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONTROL SOCIAL
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Garantía de gestión: Se exige al Gobierno nacional cumplir estrictamente las promesas electorales y los compromisos asumidos ante el pueblo boliviano.
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Marco normativo: Se plantea la aprobación prioritaria (en tiempo y materia) de un proyecto de ley de cumplimiento programático y control social, para que el presidente, gobernadores y alcaldes rindan cuentas obligatorias sobre sus promesas de campaña. En este sentido, se pide que la ALP sancione, con dispensación de trámite, el Proyecto de Ley de Cumplimiento Estricto del Programa de Gobierno y Principales Propuestas de Gestión Pública por quienes fueron elegidos como Presidente del Estado, Vicepresidente del Estado, Gobernadores y Alcaldes Municipales, para su posterior promulgación por el Presidente del Estado.
3. SOBERANÍA ECONÓMICA Y DEFENSA DE EMPRESAS PÚBLICAS
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No a la privatización: Se debe garantizar que no se impulsará ninguna privatización, capitalización, concesión encubierta ni entrega directa o indirecta de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros. Se prohíbe la injerencia de transnacionales en el manejo de los recursos estratégicos del Estado.
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Rechazo a condicionamientos financieros: Bolivia no accederá a ningún crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, se exige transparentar cualquier negociación, crédito o acuerdo con el Banco Mundial, el BID u otros organismos, informando detalladamente sobre montos, tasas, plazos, condiciones e impactos en la soberanía económica.
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Pacto fiscal autonómico: Se debe acelerar la distribución del 50/50 de los recursos con las gobernaciones y alcaldías para fortalecer las regiones.
4. TRANSPARENCIA, FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBERANA
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Alejamiento e investigación de Fernando Cerimedo: Se exige la expulsión y el alejamiento inmediato del ciudadano extranjero Fernando Cerimedo de cualquier función formal o informal de asesoramiento o toma de decisiones en el Gobierno boliviano. Se solicita una investigación minuciosa sobre su participación en el Estado, el uso de bienes públicos y su presunta influencia en la designación de puestos, direccionamiento de contrataciones y abuso de influencias.
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Comisión Especial de Investigación: Se exige conformar una Comisión Especial Mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar los casos de narcotráfico denominados «narcomaderas» (droga incautada en Chile) y «narcomaletas», determinando las fallas de control estatal y las redes de corrupción.
5. POLÍTICA DE HIDROCARBUROS Y RESARCIMIENTO TÉCNICO
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Estabilidad de precios: No se incrementarán los precios de los combustibles de consumo nacional.
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Compensación por carburantes defectuosos: Se exige a YPFB, la ANH y al Gobierno nacional un resarcimiento integral y oportuno para todos los propietarios, transportistas y familias afectadas por la distribución de gasolina desestabilizada o combustibles adulterados. Asimismo, se demanda una auditoría técnica independiente sobre la importación, almacenamiento y control de calidad de los carburantes.
6. SOCIALIZACIÓN LEGISLATIVA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
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Consulta previa obligatoria: Antes de la aprobación, tratamiento o promulgación de cualquier ley, decreto supremo (como el DS 5515) o medida macroeconómica —incluidas las 10 medidas económicas—, los órganos Ejecutivo y Legislativo deben socializarlos de manera obligatoria con los sectores afectados, organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígena originario campesinos.
7. CANASTA FAMILIAR, DERECHOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
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Protección del bolsillo popular: Implementación de medidas urgentes para proteger la canasta familiar, frenar la especulación, controlar el incremento de precios y garantizar el salario real y el empleo estable.
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Fondo de jubilación digna: Crear un fondo soberano para que todos los sectores laborales del país (minero, salud, fabril, campesino, transporte, interprovincial, pesado, público, gremial, etc.) reciban una jubilación al 100%, igualando el beneficio que actualmente tienen las Fuerzas Armadas e incluyendo formalmente a la Policía Boliviana.
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Atención a las demandas sectoriales: Atender mediante mesas de trabajo el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana de la gestión 2026 e incorporar los pliegos petitorios específicos de los sectores del transporte, campesino, Fejuves y demás organizaciones adscritas.
8. MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA INTERNACIONAL PACIFISTA
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Protección de áreas protegidas: No se utilizarán los parques nacionales ni las reservas naturales para la explotación minera, petrolera o de cualquier otra naturaleza destructiva.
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Principio pacifista: El Gobierno boliviano debe mantener una posición internacional coherente con la Constitución Política del Estado.
Declaración final: La paz social en Bolivia no se logrará mediante la imposición, la estigmatización o la persecución jurídica; se construirá únicamente a través de la atención de nuestras demandas, con los actores legítimos en la mesa y con la voluntad política de cumplir los compromisos firmados ante el pueblo.
Argollo, junto a dirigentes de los sectores movilizados, informó del envío de la carta al presidente Paz y de la exigencia de respuesta inmediata, mientras tanto descartó el levantamiento de la extrema medida de presión.
La dirigencia de la COB, grupos afines a Evo Morales y campesinos lideran las bloqueos que afectan a gran parte de Bolivia y dejan en una latente crisis humanitaria a regiones y ciudades, porque cerraron sus rutas de acceso a alimentos, carburantes y medicamentos.
