El hallazgo de más de 100 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera detectados en puertos de Chile generó una polémica en Bolivia, con cuestionamientos sobre los controles antidroga, pedidos de investigación conjunta y pronunciamientos de sectores exportadores que rechazan generalizaciones sobre sus actividades.
Según datos proporcionados por la Aduana chilena, la droga boliviana decomisada habría generado ganancias superiores a los 8.300 millones de dólares en los mercados europeos, convirtiéndose en uno de los mayores golpes económicos contra estructuras del narcotráfico internacional
La autoridad chilena explicó que los 45 contenedores intervenidos formaban parte de una compleja operación de narcotráfico transnacional que utilizaba madera destinada a mercados internacionales para transportar cocaína, clorhidrato de cocaína, ketamina y otras sustancias asociadas a su procesamiento.
“Tenemos que ver si toda la droga que se ha mencionado es de un operativo, son de varios operativos, quizás que ya se informó en su momento o es el resultado de alguna pericia que se hizo en Chile. Entonces, tenemos que ser responsables”, afirmó el fiscal general Roger Mariaca, quien anunció coordinaciones con autoridades chilenas para verificar la información y definir eventuales acciones conjuntas.
Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara sostuvo que el caso evidencia un “fracaso rotundo” de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia y responsabilizó al Ministerio de Gobierno, la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico por la salida de cargamentos que fueron detectados fuera del país.
Mariaca explicó que la Fiscalía trabaja con sus pares de Chile para determinar si la droga salió efectivamente de Bolivia, desde qué departamento habría partido y si corresponde conformar un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Indicó que cualquier pesquisa deberá desarrollarse bajo el principio de territorialidad.
Por su lado, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la publicación sobre el decomiso aún no fue comunicada oficialmente al Estado boliviano.
Oviedo anunció que gestionará contactos con la Policía chilena para impulsar una investigación conjunta entre instituciones de ambos países.
Entretanto, la Cámara Nacional de Exportadores (CANEB) expresó preocupación por la difusión de información que, a su juicio, afecta la imagen del comercio exterior boliviano sin que existan conclusiones oficiales.
La entidad pidió investigaciones rigurosas, cooperación internacional y evitar afirmaciones anticipadas que perjudiquen a empresas que operan legalmente.
En la misma línea, la Cámara Forestal de Bolivia rechazó que se vincule al conjunto del sector con actividades ilícitas. La organización advirtió que los controles extraordinarios y retrasos en exportaciones han provocado perjuicios económicos y daños reputacionales para empresas forestales formales.
