Estados Unidos comienza a tratar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas; Bolivia en la mira

Informe especial. Hilton Heredia G. /Sao Paulo

Las dos mayores facciones criminales de Brasil son consideradas oficialmente organizaciones terroristas por Estados Unidos a partir de este viernes 5 de junio. El impacto es grande para la región, entre ellos figura Bolivia, donde líderes del PCC fueron encontrados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y trasladados a Brasil y EEUU.

La medida, adoptada por la administración de Donald Trump, sitúa al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) bajo el mismo marco legal utilizado por Washington para combatir a los grupos terroristas internacionales , los cárteles de la droga y las organizaciones armadas transnacionales.

Este anuncio representa una de las medidas más significativas de la política de seguridad estadounidense hacia América Latina en los últimos años y marca un cambio de paradigma en la forma en que Estados Unidos percibe el crimen organizado en la región.

Según el Departamento de Estado, estas dos organizaciones se encuentran entre los grupos criminales más violentos de Brasil y sus actividades se extienden más allá de las fronteras nacionales, afectando directamente los intereses de seguridad de Estados Unidos.

¿Qué cambios se producen en la práctica?

La principal consecuencia de la nueva clasificación es la ampliación de los instrumentos jurídicos de que disponen las autoridades estadounidenses para combatir a los miembros , colaboradores y financiadores de las facciones criminales.

Hasta entonces, PCC y CV ya estaban sujetas a sanciones financieras debido a su inclusión en la lista de entidades bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), vinculada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Esto permitió la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibió las transacciones que involucraran a ciudadanos y empresas estadounidenses.

Ahora, con la entrada en vigor de su clasificación como Organización Terrorista Extranjera, las consecuencias van más allá del ámbito financiero.

La legislación estadounidense permite ahora el enjuiciamiento penal de personas o empresas que proporcionen cualquier tipo de apoyo material a grupos criminales.

Según el caso, esto puede incluir financiación, transporte, logística, capacitación, asistencia operativa u otros servicios que se consideren relevantes para el mantenimiento de las actividades delictivas.

Además, agencias federales como el FBI y el Departamento de Justicia obtienen bases legales adicionales para llevar a cabo investigaciones relacionadas con el terrorismo que involucren al PCC y al CV.

Lo que sí llama la atención para nuestro país (Bolivia), es que todas las personas o empresas que colaboran o prestan ayuda al PCC serán sujetas a investigaciones y sancionadas por la Justicia de EEUU. Según se pudo conocer hay una decena de personas y altas ex autoridades regionales y nacionales en la lista del gobierno estadounidense, entre las cuales destaca el expresidente Evo Morales, además de ex autoridades ediles del departamento de Santa Cruz.

Lula contra Flávio

• La decisión de Estados Unidos es otro punto delicado en el panorama electoral brasileño.
• El anuncio se produjo un día después de que el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarara que le había pedido personalmente a Trump que clasificara al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas.
• El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expresó su preocupación por los posibles efectos de la medida y defendió el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de clasificar a las facciones brasileñas como grupos terroristas.
• Miembros del gobierno brasileño creen que este cambio podría sentar un precedente para formas más amplias de presión internacional sobre cuestiones consideradas dentro de la jurisdicción interna del país.

  CONOZCA LOS CAMBIOS Y LO QUE IMPLICA LA MEDIDA

  
  
  • • Bloqueo financiero: Las autoridades estadounidenses pueden rastrear y congelar los fondos y activos de estas facciones a nivel internacional.
    • Sanciones globales: Las personas o empresas que proporcionen cualquier tipo de apoyo material o financiero a estos grupos se enfrentarán a severas sanciones.
    • Impacto en las empresas: Las empresas brasileñas con negocios y operaciones en los EE. UU. se enfrentan a mayores riesgos de cumplimiento normativo , ya que el manejo de capital vinculado a estos grupos se convierte en un delito federal en los Estados Unidos.
    • Cooperación internacional: Este marco facilita el intercambio de información de inteligencia y la presión diplomática sobre paraísos fiscales y países situados a lo largo de las rutas de tráfico ilícito.

  Esta acción marca una nueva fase en la presión externa sobre las facciones criminales brasileñas, destinada a sofocar sus operaciones de lavado de dinero que trascienden las fronteras.

• Esta clasificación ha supuesto, en algunos casos, penas más severas para los delincuentes capturados y extraditados a Estados Unidos y, principalmente, sanciones económicas específicas y una vigilancia mucho más estricta de las transacciones financieras de los grupos en Estados Unidos y con empresas que tienen vínculos con territorio estadounidense.

  En México, donde seis facciones criminales recibieron esta designación en febrero de 2025, la presión diplomática sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha intensificado en los últimos meses, con la acusación formal de diez funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, incluido el propio gobernador, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el poderoso Cártel de Sinaloa.

  El gobierno de Sheinbaum también denunció una supuesta operación no autorizada de la CIA, el servicio de inteligencia estadounidense, en territorio mexicano. Según el gobierno, dos oficiales que supuestamente investigaban laboratorios de drogas en el norte del país fueron identificados tras fallecer en un accidente automovilístico.

  En Venezuela, la presión sobre el crimen organizado alcanzó su punto álgido con la invasión armada que condujo a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero de este año.

  Si bien designar a las organizaciones como terroristas no es un requisito legal para autorizar las operaciones de inteligencia estadounidenses en el extranjero, los expertos afirman que las recientes acciones de Estados Unidos en México y Venezuela forman parte de la campaña de la administración Trump contra el narcoterrorismo.