La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la madrugada de este domingo, en su estación en grande, el proyecto de Ley 161/2025-2026 de Regulación de los Estados de Excepción, una norma impulsada en medio de la crisis social que atraviesa el país tras 37 días de bloqueos de carreteras convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La votación se produjo a las 00:05 horas, luego de más de cinco horas de debate parlamentario. De acuerdo con el reporte de la directiva camaral, la iniciativa obtuvo más de dos tercios de respaldo, con 86 votos favorables entre legisladores presentes y conectados de manera virtual.
Tras su aprobación en grande, el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo en la etapa de consideración en detalle.
La norma, remitida por el Senado para su revisión, desarrolla el artículo 139 de la Constitución Política del Estado y establece los procedimientos, alcances y límites para la declaratoria de estados de excepción.
Entre sus objetivos figuran la preservación del sistema democrático, la seguridad y estabilidad institucional, el mantenimiento del orden público interno y la protección de la población frente a amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales.
El texto define como causales para la declaratoria de un estado de excepción el peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna y desastres naturales. Asimismo, incorpora conceptos como “insuficiencia operativa sobreviniente”, que permitiría la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas cuando la capacidad de respuesta de la Policía Boliviana resulte insuficiente para controlar situaciones que comprometan la seguridad pública o la estabilidad institucional.
La propuesta también establece que la declaratoria deberá realizarse mediante Decreto Supremo y tendrá una duración máxima de 90 días, con posibilidad de ampliación previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proyecto señala que, concluido el estado de excepción, el Órgano Ejecutivo deberá rendir cuentas ante el Legislativo sobre las causas que motivaron su aplicación y el uso de las facultades extraordinarias otorgadas.
Uno de los aspectos centrales de la ley es la participación coordinada de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales. La norma mantiene a la Policía como responsable principal de la preservación del orden público, pero habilita el apoyo temporal y territorialmente delimitado de las Fuerzas Armadas cuando se determine que la institución policial ha sido superada por una situación de conmoción interna.
El proyecto también autoriza a las fuerzas del orden a realizar arrestos temporales de hasta ocho horas por incumplimiento de las disposiciones vigentes durante un estado de excepción, con posterior puesta a disposición de la autoridad competente.
La ley incorpora además una disposición que obliga al Estado a brindar patrocinio legal a efectivos policiales, militares y servidores públicos que enfrenten investigaciones o procesos judiciales por actuaciones realizadas durante un estado de excepción. Sin embargo, excluye de esa protección los casos relacionados con tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otras violaciones graves de derechos humanos.
La aprobación del proyecto se produce en un contexto de elevada tensión política y social, marcado por prolongados bloqueos de carreteras, denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición, y un creciente debate sobre el alcance de las facultades del Estado para restablecer la circulación, garantizar el abastecimiento de alimentos y preservar el orden público en el país.
