La determinación fue comunicada por el máximo ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, después de que el sector expresara durante los últimos días su rechazo al Decreto Supremo 5716.
La principal demanda es la abrogación de la norma, que modificó la política de subvención al diésel y estableció inicialmente el precio del combustible en Bs 17,95 por litro.

Repliegue de unidades por 24 horas
La primera medida anunciada consiste en el repliegue de las unidades del transporte sindicalizado.
Según Gómez, la protesta tendrá inicialmente una duración de 24 horas.
Durante ese periodo, el sector espera una respuesta del Ejecutivo a sus demandas.

La dirigencia sostiene que el nuevo precio del diésel incrementó significativamente los costos de operación y que ese impacto terminará afectando no solamente a los transportistas, sino también a los usuarios.
¿Qué pasará si el Gobierno no responde?
La advertencia del sector es escalar la protesta.
Gómez señaló que, si durante las 24 horas de la primera medida no existe una respuesta satisfactoria del Gobierno, el siguiente paso planteado es ingresar en un paro nacional indefinido.
Esto significaría que el repliegue de unidades dejaría de tener una duración previamente establecida y continuaría mientras se mantenga el conflicto.
La aplicación y alcance concreto de una eventual segunda etapa dependerán de las decisiones que adopte la dirigencia y sus bases.
Gómez aseguró que la determinación no está planteada como una protesta aislada de una región.
“Es una protesta general”, manifestó el dirigente al explicar el alcance que pretende tener la medida.
La Confederación agrupa a federaciones sindicalizadas de diferentes departamentos, aunque será necesario observar el nivel de cumplimiento efectivo que alcance el repliegue en cada región y modalidad del servicio.
Además, existen otras organizaciones del autotransporte, como el Transporte Libre y sectores cooperativizados, que han desarrollado sus propios ampliados y negociaciones con el Gobierno.
Por ello, la medida anunciada por la Confederación no debe interpretarse automáticamente como una decisión de absolutamente todas las organizaciones de transporte del país.






