Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió desistir del recurso de apelación restringida que había presentado dentro del proceso penal contra comunarios del municipio de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, con lo que queda firme la sentencia que los absolvió.
La determinación fue formalizada ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y, según la estatal, responde a una estrategia orientada a priorizar el diálogo con las comunidades involucradas en el desarrollo del proyecto gasífero en Tariquía.
En esa línea, la empresa anunció que impulsará la firma de un acuerdo transaccional extraprocesal con el objetivo de cerrar la controversia por la vía legal y dar paso a una nueva etapa de concertación.
El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, afirmó que la decisión busca generar condiciones para avanzar en consensos. «Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos para bien de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta», sostuvo.
Asimismo, la autoridad indicó que se gestionará el archivo definitivo del proceso judicial y se convocará a instituciones y sectores sociales vinculados al proyecto para instalar mesas técnicas de trabajo que permitan atender las preocupaciones existentes.
Los comunarios habían sido procesados por presuntamente obstaculizar funciones y atentar contra el derecho al trabajo, en el marco de sus acciones de rechazo al proyecto hidrocarburífero, pero finalmente fueron absueltos tras el juicio.
El desarrollo del proyecto en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ha generado controversia en los últimos años. Mientras el Estado destaca su potencial gasífero, sectores ambientalistas y comunidades advierten sobre posibles impactos en el ecosistema y en las actividades productivas de la región.
De acuerdo con YPFB, la iniciativa enfrentó obstáculos para su ejecución, entre ellos el proceso judicial iniciado en 2022 y el conflicto social en torno a la exploración. Con el retiro de la acción penal, la estatal considera que se elimina uno de los principales focos de tensión y se abre una nueva etapa basada en el diálogo para viabilizar el proyecto.
