El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este lunes al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, por su presunta participación en actos de “corrupción significativa” y determinó que él y sus familiares inmediatos sean, en general, inelegibles para ingresar a ese país.
La oficina brinó la información en una nota de prena, en el marco de una nueva política de restricción de visados contra ciudadanos extranjeros señalados por actividades de corrupción o narcotráfico que, según Washington, socaven gobiernos elegidos democráticamente.
Estados Unidos incluyó a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú entre los países alcanzados por esta política, presentada después de los compromisos asumidos en la iniciativa denominada Escudo de las Américas.
En el caso boliviano, la administración del presidente Donald Trump acusó directamente a Mariaca de haber abusado de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y permitir que delincuentes violentos evadieran la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”, señala el comunicado del Departamento de Estado.
Washington también sostuvo que las actuaciones atribuidas al fiscal general “socavan las propias instituciones democráticas” que Bolivia busca fortalecer como participante del Escudo de las Américas.
Mariaca fue elegido en 2024 como fiscal general del Estado por un periodo de seis años, durante la administración del expresidente Luis Arce. Antes de asumir ese cargo se desempeñó como fiscal departamental de Santa Cruz.
La medida contra el fiscal general se ampara en la sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que permite designar públicamente a funcionarios extranjeros cuando existe información considerada fidedigna sobre su participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.
Restricciones alcanzan a otros bolivianos
Además de Mariaca, el Departamento de Estado anunció restricciones de visado contra 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares, cuyos visados vigentes fueron revocados.
La lista incluye a fiscales, jueces, un exministro de Justicia, exmagistrados, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía y un empresario privado.
Entre los mencionados figuran el exministro de Justicia Iván Lima, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, la jueza Albania Chane Caballero y el exejecutivo de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto.
Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa también quedaron, en general, excluidos de la posibilidad de obtener ese documento, según el comunicado.
Las medidas forman parte de una acción más amplia de Washington que también alcanza a ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú, aunque Bolivia concentra el mayor número de personas mencionadas en la declaración.
El Departamento de Estado justificó la nueva política bajo el argumento de que la corrupción y el narcotráfico representan amenazas para la seguridad, el Estado de derecho y la gobernanza democrática en el hemisferio.
El anuncio coloca a Mariaca en el centro de una nueva controversia internacional y abre interrogantes sobre el impacto que tendrá la decisión estadounidense en la Fiscalía General del Estado y en la relación entre Bolivia y Washington.
Hasta el cierre de esta edición, no se conocía un pronunciamiento de Mariaca sobre la designación anunciada por el Gobierno de Estados Unidos.
