El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, reveló que la jueza Livia Alarcón, señalada por una presunta visita al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ya había sido destituida en 2025 por faltas gravísimas, pero una medida cautelar del Tribunal Constitucional frenó la ejecución de esa decisión.
Spencer explicó que el proceso disciplinario contra Alarcón se inició en Santa Cruz y, debido a que no pudo conformarse un tribunal disciplinario en ese departamento, fue trasladado a Oruro, donde la autoridad judicial fue sancionada con la destitución.
“Esa juez se encuentra ya destituida por un proceso del Departamento de Santa Cruz que no se pudo instalar un tribunal disciplinario y llegó al Departamento de Oruro a resolverse y a destituirse”, afirmó.
Según el presidente de la Magistratura, la resolución de primera instancia fue posteriormente ratificada por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura el 18 de marzo de 2025, por lo que la destitución quedó confirmada en la vía disciplinaria.
Sin embargo, Spencer señaló que la medida no pudo ejecutarse debido a una medida cautelar concedida por anteriores magistrados del Tribunal Constitucional. La decisión, según explicó, ordenó suspender la ejecución de la destitución y permanece sin una resolución definitiva desde el 30 de mayo de 2025.
“Dieron una medida cautelar sin que exista un amparo ni una queja sobre esta resolución de segunda instancia”, cuestionó Spencer.
El presidente del Consejo de la Magistratura insistió en que existe una resolución firme dentro de la instancia disciplinaria y cuestionó que una medida cautelar haya impedido hacer efectiva la salida de la jueza.
“Hay una destitución, hay una destitución y hay una ratificación de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, pero lo más oscuro que hay es que el Tribunal Constitucional le da esta medida cautelar, para que no se ejecute la destitución”, sostuvo.
Las declaraciones surgen después de las denuncias sobre una presunta visita de Alarcón a Marset antes de su captura. El caso generó cuestionamientos y llevó al Consejo de la Magistratura a anunciar una revisión de los antecedentes y actuaciones judiciales vinculadas con el narcotraficante uruguayo.
Spencer pidió al nuevo Tribunal Constitucional resolver la medida pendiente y definir si corresponde mantener o levantar la cautelar que impide ejecutar la destitución de la jueza.
