«Todos los jueces que estén involucrados con faltas disciplinarias, el Consejo de la Magistratura determinará el grado de sus responsabilidad». El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, reveló que se trata de los jueces que han sido involucrados en las listas por parte del departamento de Estado de Estados Unidos.
«Nosotros determinamos, a través de estos levantamientos técnicos, las faltas leves, graves y gravísimas. (Vamos a investigar) si hay prevaricato si hay cumplimiento, si hay resoluciones contrarias (a la ley), si hay cohecho activo, si hay cohecho pasivo nosotros como Consejo de la Magistratura, a través de la Unidad de Transparencia, podemos determinar estas responsabilidades con relación a delitos penales. Pero mientras tanto no existan estas determinaciones de estas unidades, nosotros no podemos anticipar criterios para que podamos hacerles conocer a la población», explicó Spencer.
Por el momento, puntualizó, se está trabajando en la investigación de los juzgados de ‘primera línea’, es decir, aquellos que fueron observados en su momento por el informe de Estados Unidos y señala a los jueces por colaborar con los narcotraficantes.
Por el momento, puntualizó, solo un juzgado se negó a colaborar con Transparencia. «El juzgado de la doctora Livia Alarcón se niega a otorgarnos los expedientes para poder hacer ese levantamiento porque determina que hay una circular del Tribunal Supremo de Justicia en la cual el Consejo de la Magistratura no puede llevarse los expedientes porque ellos se encuentran custodiados por el juzgado y se están haciendo los levantamientos técnicos ahí mismo en el juzgado pero no tenemos ese acceso a poder sacar toda la información correspondiente», explicó.
Entre las medidas que propone para agilizar los procesos abiertos, el presidente del Consejo de la Magistratura busca modificar la Ley 025 para acelerar los procesos disciplinarios contra autoridades judiciales por faltas gravísimas y agilizar los procedimientos de destitución.
CASO INDUESTE
- Los contratos: Se firmaron dos contratos por un valor conjunto de Bs 1.058 millones con Indueste S.R.L. para el suministro de aceite crudo de soya destinado a plantas de biodiésel.
- Incumplimiento y anticipos: La empresa privada recibió millonarios anticipos (alrededor de Bs 300 millones iniciales bajo condiciones de garantía flexibilizadas en pocos días), pero solo entregó el 17,3% del volumen total de materia prima comprometido.
- Denuncias y implicados: El presidente de YPFB, Yussef Akly, y el Viceministerio de Transparencia (liderado por Marcelo García) presentaron denuncias penales contra 14 personas (incluyendo exejecutivos y vínculos investigados con el entorno familiar del expresidente Luis Arce) por delitos de contratos lesivos, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica.
- Controversia judicial: Resoluciones y fallos de autoridades judiciales en Santa Cruz (como el cuestionado accionar de la jueza Ximena Flores (hoy desvisada por EEUU) del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y vocales del Tribunal Departamental de Justicia) han generado polémica y trabas para la recuperación de los recursos estatales.
