El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que los jueces son responsables de las resoluciones que emiten y deberán responder si se abre una investigación sobre alguna actuación, tras las sanciones de Estados Unidos contra el fiscal general Roger Mariaca y otros funcionarios bolivianos, entre ellos jueces.
“Cada juez, reitero, es responsable de sus resoluciones y en el marco de esa independencia con la que actúa, ellos deberán responder si es que se apertura una investigación en alguna situación que puedan estar involucrados”, afirmó Saucedo, consultado sobre los jueces alcanzados por las sanciones de Estados Unidos.
Precisó que el Consejo de la Magistratura debe evaluar a los jueces involucrados si corresponde la suspensión o las acciones que establece la ley.
CONOZCA A CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS
1.- Martin Daniel Irusta Flores, fiscal superior. Fue abogado defensor del expresidente Juan Evo Morales y de los exministros Juan Ramón Quintana y Nemesia Achacollo (actualmente en Brasil). También fue candidato a diputado en las últimas elecciones por Alianza Popular,
2.- Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Dio luz verde para que el exjuez Hebert Zeballos, implicado en el caos ‘maletas’, sea beneficiado con detenciòn domiciliaria en un proceso de legitimación de ganancias ilícitas.
3.- Alberto Zeballos Flores, actual fiscal titular de Santa Cruz. Anteriormente fue fiscal de Materia en la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc).
4.- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz. También firmó el mandamiento de libertad del exjuez Hebert Zeballos, implicado en el caso ‘maletas’. Asimismo, es la que dejó en libertad a los responsables del caso Indueste en el que el Estado boliviano puede perder Bs 1.000 millones.
5.- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
6.- Alvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, actual fiscal Superior y exfiscal departamental de Chuquisaca, Bolivia.
7.- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
8.- Alberto Samuel Soto de la Via, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional.
9.- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema.
10.- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia.
11.- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
12.- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
CASO INDUESTE PUEDE TUMBAR A LA JUEZ XIMENA FLORES
Una investigación del diario financiero News Time constató que los juristas no tomaron en cuenta los argumentos expuestos por la petrolera y en tiempo récord decidieron un veredicto que atenta contra el Estado boliviano.
Lo que llama la atención, es que la jueza Ximena Flores es cuestionada en el ámbito judicial y enfrenta más de una decena de procesos en la Justicia.
ANTECEDENTES
Los antecedentes señalan que en abril de 2024, durante la administración del Movimiento al Socialismo (MAS), el Directorio de YPFB Refinación S.A., modificó el Reglamento de Garantías para Procesos de Contratación, flexibilizando los requisitos para respaldar contratos de provisión de materia prima y permitiendo pagos anticipados millonarios sin garantías suficientes. En ese entonces, incluso el hijo del expresidente Luis Arce (que estuvo en la cárcel) era partícipe de negociaciones oscuras.
Bajo esta normativa, se firmaron dos contratos con Agroindustrial del Este – INDUESTE SRL, por más de Bs 1.000 millones para el suministro de aceite de soya, insumo clave en la producción de biodiésel.
Empero, la entrega real de materia prima fue sustancialmente inferior a lo pactado, lo que ocasionó un perjuicio económico millonario al Estado boliviano, propietario mayoritario de YPFB Refinación S.A.
EXFUNCIONARIOS BAJO LA LUPA Y AL DESCUBIERTO
La administración actual de YPFB Refinación S.A., inició en 2026 acciones legales contra exfuncionarios de la gestión anterior y representantes de INDUESTE.
Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos provocados por decisiones judiciales cuestionables. En primera instancia, la jueza Ximena Flores, del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de Santa Cruz, aceptó una excepción de incompetencia presentada por INDUESTE.
La audiencia donde se dictó esta resolución se realizó sin notificar a YPFB Corporación, accionista mayoritario, lo que compromete el derecho a la defensa y la legalidad del procedimiento.
La actuación de la jueza Ximena Flores causa un remezón, no solo por haber aceptado una excepción de incompetencia en una audiencia realizada sin notificación a YPFB Corporación, sino también porque, según documentación de respaldo, registra 14 antecedentes disciplinarios en su contra y denuncias relacionadas con faltas leves, graves y gravísimas, presunto prevaricato, negativa o retardo de justicia, resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.
Esta decisión fue ratificada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, integrada por los vocales Reynaldo Sánchez Flores y Ernesto Aponte Rivera. La audiencia de apelación fue convocada de manera inusual, solo 72 horas después de la resolución inicial, sin que YPFB Corporación fuera notificada, profundizando la indefensión estatal.
