El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que identificó un “incidente de seguridad informática” y que, desde su detección, activó los “protocolos institucionales de respuesta y contención para atender la situación y reducir los riesgos asociados” al problema, según un comunicado difundido este lunes desde La Paz.
La confirmación oficial surge un día después de que el colectivo Hacking Bolivia emitiera una alerta temprana en la que denunció la venta de bases de datos de instituciones estratégicas del Estado en foros de la llamada Dark Web, entre ellas supuestos expedientes del propio Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su comunicado, Cancillería indicó que, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), “se vienen desarrollando acciones técnicas para fortalecer la seguridad de los servicios institucionales”. Asimismo, precisó que se realizan los “análisis correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente” y “establecer si existió acceso no autorizado o exposición de información”.
Sobre las causas del hecho, la Cancillería fue enfática. “En resguardo de la integridad de las investigaciones técnicas en curso, cualquier conclusión sobre las causas será comunicada cuando exista información debidamente verificada”, señaló el Ministerio, que reafirmó su compromiso con la seguridad de la información institucional, la protección de los datos personales y la continuidad de los servicios que presta a la ciudadanía, tanto en territorio nacional como en el exterior.
La denuncia del colectivo
El sábado, Hacking Bolivia difundió un comunicado titulado “ALERTA ROJA POR FILTRACIÓN MASIVA Y COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE DATOS SENSIBLES DEL ESTADO PLURINACIONAL”, en el que aseguró haber detectado la “promoción activa de venta de bases de datos” en el foro “DarkForums”, lo que calificó como “una amenaza crítica a la seguridad nacional, la soberanía económica y la privacidad de los ciudadanos”.
Según las investigaciones de inteligencia digital del colectivo, las publicaciones serían realizadas por un usuario con el alias “konata_izumi_shell”, vinculado al canal de Telegram “MortemTeam”. El grupo no solo buscaría filtrar la información para dañar la imagen institucional, sino que tendría la “intención explícita de vender la información sensible al mejor postor en mercados clandestinos”, exponiendo al país a riesgos de espionaje industrial y chantaje, advirtió el colectivo.
En el caso específico de Cancillería, Hacking Bolivia afirmó que se habría filtrado más de 170 GB correspondientes a 619.143 expedientes de extranjeros, incluyendo pasaportes, visas y solvencia económica, lo que comprometería la seguridad migratoria. Estos datos no fueron confirmados ni desmentidos por la institución, que se limitó a señalar que los análisis técnicos están en curso.
La denuncia del colectivo abarca además otras entidades. Aseguró que en Senarecom se filtró la base de datos completa de clientes y compradores con 654.414 registros, con información de transacciones comerciales de minerales como oro, plata, estaño y zinc, incluyendo montos de liquidación, pesos brutos y netos, leyes minerales, impuestos y cuentas bancarias. También sostuvo que en el Ejército se sustrajo más de 6 GB de documentos internos, como manuales de guerra, ciberdefensa y organigramas de unidades especiales, y que en la Cámara de Senadores se filtró la base de datos del personal legislativo con 2.652 registros.
Ante este escenario, Hacking Bolivia exigió la intervención inmediata de las autoridades para bloquear las transacciones de venta en la Dark Web y rastrear las criptomonedas utilizadas por el grupo MortemTeam, así como la realización de auditorías forenses de seguridad urgentes en las entidades afectadas. De igual modo, advirtió a la población y al sector minero sobre el posible uso fraudulento de los datos expuestos para estafas, suplantación de identidad o extorsión.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no mencionó la alerta de Hacking Bolivia, anunció que continuará informando a través de sus canales oficiales sobre los avances relevantes y las medidas adoptadas, con responsabilidad, transparencia y pleno compromiso con la protección de la información y los intereses del Estado boliviano.






