La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, urgió al Gobierno abrir una instancia de diálogo para buscar alternativas de financiamiento para el programa “Mi Bolivia Lechera” y resguardar la industria nacional.
Mediante un comunicado, Cainco reconoció la importancia del sector lechero para la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo de Bolivia. Sin embargo, aseguró que su fortalecimiento requiere políticas sostenibles, transparentes y construidas mediante diálogo con los sectores involucrados.
Asimismo, demandó resguardar la contribución de la industria nacional y de sus cadenas de valor a la inversión, el empleo y la recaudación fiscal.
La entidad cuestiona que determinadas bebidas alcohólicas deban financiar un fondo de apoyo al sector lácteo y solicita una evaluación de sus efectos sobre las empresas y los consumidores.
Además, aclaró que un marco normativo previsible debe promover el desarrollo de los distintos sectores productivos y evitar que el “financiamiento de una política pública imponga cargas insuficientemente justificadas sobre determinadas actividades económicas”.
Proyecto
El proyecto de Ley N.º 267/2025-2026 “Ley de Apoyo Integral al Sistema Productivo Lácteo Boliviano – Mi Bolivia Lechera”, quedó aprobado por la Cámara de Senadores el 15 de octubre y se remitió a la Cámara de Diputados para su consideración.
La norma crea un fondo por 10 años, financiado, entre otras fuentes, mediante retenciones sobre la comercialización de determinadas bebidas alcohólicas nacionales y su importación.
“Consideramos necesario revisar este mecanismo antes de continuar con su aprobación”, remarca el comunicado de Cainco.
Y explica que la discusión debe recoger las observaciones formuladas por organizaciones empresariales a las iniciativas vinculadas al Fondo Proleche durante 2025, así como una evaluación verificable de sus resultados, el uso de sus recursos y los saldos disponibles.
En ese contexto, Cainco plantea la revisión de los siguientes aspectos:
Justificación del financiamiento
“Debe explicarse por qué determinadas actividades ajenas a la cadena láctea deben financiar este fondo y por qué no se contempla un aporte obligatorio de la industria láctea entre sus fuentes de financiamiento”.
Y pide evaluar alternativas presupuestarias, de cooperación y de participación sectorial, con criterios de equidad y sostenibilidad.
Evaluación del impacto económico
“El artículo 8 establece una cuota máxima de Bs 0,10 por litro para la cerveza nacional e importada, susceptible de reducción”.
Cainco explica que, aunque su magnitud unitaria pueda parecer limitada, su efecto acumulado y sus costos de cumplimiento requieren un estudio que considere la carga fiscal existente y las condiciones de cada actividad.
Impacto sobre los pequeños y medianos cerveceros artesanales
“La aplicación de nuevas cargas parafiscales podría afectar especialmente a los productores artesanales, cuya capacidad para absorber costos adicionales es más limitada”.
En ese marco, indica que esta situación podría reducir la competitividad, limitar el crecimiento de sus emprendimientos y comprometer la sostenibilidad de operaciones, con posibles efectos sobre la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de proveedores nacionales.
“Por ello, la evaluación del impacto de esta medida debe considerar a las empresas de toda la cadena cervecera, independientemente de su tamaño”.
Criterios objetivos para seleccionar los productos gravados
“El proyecto también incluye pisco, whisky y otras bebidas con cuotas máximas de Bs 1 por litro, mientras que no menciona expresamente a otras bebidas alcohólicas”.
Cainco remarca que se necesita justificar técnicamente esta selección y las diferencias de tratamiento, evitando distorsiones entre actividades productivas.
Diálogo con los sectores afectados. “Solicitamos una instancia de trabajo con productores lecheros, industrias, importadores, comerciantes y sus organizaciones representativas, con acceso al texto aprobado y a los informes técnicos, económicos y jurídicos que sustentan la propuesta”.
Protección de la formalidad
La entidad pide que la evaluación considere los posibles efectos sobre la competencia entre productos legales e ilegales y acompañarse de medidas efectivas contra el contrabando, la falsificación y la adulteración, en resguardo de los consumidores y de la recaudación pública.
Seguridad jurídica en el cobro y las sanciones. “Deben precisarse los sujetos obligados y el momento único de cobro, evitando aplicaciones sucesivas en la cadena de comercialización. También corresponde revisar la imprescriptibilidad del pago prevista en el artículo 13 y definir en la ley las conductas sancionables y los límites de las sanciones, con garantías de defensa y proporcionalidad”.
Revisión del procedimiento legislativo
“Solicitamos esclarecer la naturaleza jurídica de las retenciones y verificar el cumplimiento de las reglas constitucionales aplicables. En particular, si se trata de una carga tributaria, debe examinarse el inicio del trámite en el Senado frente a la atribución de la Cámara de Diputados prevista en el artículo 159.8 de la Constitución”.
Transparencia y resultados
La entidad remarca que la evaluación anual prevista en el proyecto debe “complementarse con metas medibles, publicación periódica de ingresos, gastos y beneficiarios, límites a los gastos administrativos y mecanismos de control que permitan verificar el beneficio efectivo para el sistema productivo lácteo”.
“El apoyo al sector lechero debe formar parte de una política que fortalezca al conjunto de la producción nacional. La revisión del financiamiento y de las garantías del proyecto permitirá construir una solución que atienda las necesidades de los productores sin debilitar a otras actividades formales”, remarca el comunicado.
Con esos argumentos, Cainco pide a la Cámara de Diputados que, antes de avanzar hacia la aprobación del PL 267/2025-2026, abra una instancia de revisión técnica y diálogo con los sectores afectados. “Asimismo, instamos al Órgano Ejecutivo a participar en la evaluación de alternativas de financiamiento y en la corrección de las observaciones señaladas”.
El lunes, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) también pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional reconsiderar el mecanismo de financiamiento del proyecto de Ley N.º 267/2026.
