Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, y Julio César Porras, exfiscal antinarcóticos, fueron enviados a distintos recintos penitenciarios en el marco de la investigación del denominado caso Roma.

Ambos cumplirán seis meses de reclusión, mientras avanzan las investigaciones.

La determinación se conoció después de la audiencia de medidas cautelares instalada este martes en La Paz. El Ministerio Público imputó a ambas exautoridades por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

La Fiscalía solicitó la detención preventiva de los investigados y planteó que Quezada sea recluido en el Centro de Custodia de Patacamaya, mientras que Porras sea trasladado al penal de San Pedro, en la sede de Gobierno.

La investigación apunta a una presunta estructura de corrupción y narcotráfico que habría operado desde distintas instancias del Ministerio Público durante la gestión del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, quien también está investigado y cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí.

Entre las hipótesis que indaga la Fiscalía figura la posible filtración de información sobre operativos policiales para favorecer a personas vinculadas con actividades ilícitas. Las pesquisas también están relacionadas con el denominado Ecosistema Roma, una plataforma informática implementada durante la administración de Mariaca al frente del Ministerio Público.

Quezada y Porras fueron aprehendidos el domingo 15 de noviembre en Santa Cruz y trasladados posteriormente a La Paz, donde prestaron sus declaraciones ante la comisión de fiscales que investiga el caso.

La nueva causa se suma al proceso conocido como caso Maletas, en el que ambos recibieron condenas de tres años de prisión mediante procedimientos abreviados. Sin embargo, esas sentencias contemplaron el cumplimiento de la pena en libertad, bajo medidas sustitutivas, reglas de conducta y arraigo.

La defensa de Porras cuestionó que la investigación se tramite en La Paz, debido a que, según su abogado Héctor Castellón, los hechos investigados habrían ocurrido en Santa Cruz. También rechazó que se pretenda vincular a su defendido con las presuntas irregularidades atribuidas a Mariaca por el hecho de haber trabajado durante su gestión.

El proceso continúa en etapa investigativa y busca establecer la posible participación de los involucrados y la existencia de otros integrantes de la presunta estructura.

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