Bolivia enfrenta un panorama económico crítico que podría cerrar el año con más de 5 millones de personas en situación de pobreza —lo que representa a más del 47% de la población—, alcanzando el nivel más alto registrado desde 2016. Esta severa contracción se da en un contexto marcado por la aceleración de la inflación y el encarecimiento del costo de vida, factores que afectan de manera generalizada a los hogares bolivianos.
Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, analizó el impacto real de la coyuntura en el presupuesto familiar y advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de la clase media ante medidas como el retiro de subsidios a los carburantes.
Núñez detalló la brecha entre los ingresos promedio de los hogares y los costos reales de la canasta básica de alimentos y servicios esenciales, señalando que los salarios actuales resultan insuficientes para sostener las necesidades mínimas.
«El tema de la inflación ha hecho que la gente tenga una pérdida considerable del valor adquisitivo del salario. Podríamos concluir inclusive que gente con empleo igual esté en situación de pobreza porque efectivamente no le alcanza el salario, no le alcanza para estar cubriendo sus básicas necesidades», explicó Núñez.
Según estimaciones de la Fundación Jubileo, una familia tipo de cuatro integrantes requiere un ingreso promedio per cápita de 1.300 bolivianos por persona al mes (aproximadamente 4.200 bolivianos al mes por hogar) solo para situarse en el límite de la pobreza moderada.
Para permanecer en la clase media, una familia de cuatro miembros necesita al menos 6.000 bolivianos mensuales (1.500 bolivianos per cápita). Sin embargo, este sector se encuentra en un estado de fragilidad severa:
«Esa gente de clase media vulnerable está susceptible a cualquier situación: un bloqueo, un incremento de la gasolina o un problema de salud en la propia familia. Todo eso puede provocar que esa gente también caiga a nivel de la pobreza moderada. Estamos hablando de alrededor del 9% más de la población (…) sumando ese porcentaje, más del 54% de la población prácticamente podría estar en situación de pobreza», alertó.
Ante eventuales ajustes económicos como la eliminación de las subvenciones al diésel y la gasolina, el ejecutivo subrayó la urgencia de establecer transferencias directas y bonos focalizados para aliviar el impacto en los sectores más vulnerables. No obstante, criticó la falta de información oficial y la ausencia de un registro de protección social en el país.
«Un registro de protección social en Bolivia no lo tenemos. Hemos vivido con procesos de planificación absolutamente inadecuados. Los regímenes anteriores lo menos que se han ocupado es en tener una información cabal de dónde están los pobres en Bolivia», aseveró Núñez, cuestionando además que se utilicen bonos como el Juancito Pinto o Juana Azurduy —diseñados para otros fines— como mecanismos de mitigación de la pobreza.
Finalmente, Núñez reflexionó sobre la oportunidad histórica desperdiciada en torno al bono demográfico de Bolivia, donde el 64% de la población se encuentra en edad de trabajar, un fenómeno que durará aproximadamente dos décadas más.
«Hoy día esos niños son la fuerza de trabajo y este fenómeno lo vamos a tener por 20 años más, pero después ya no vamos a tener una oportunidad tan importante de contar con los recursos humanos para generar riqueza. Qué pena que hemos tenido políticos que han mirado su corto plazo (…) y estamos dejando un futuro complejo a nuestra juventud», concluyó.
