Representantes de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en coordinación con las distintas cámaras nacionales del sector, avanzan en La Paz en el diálogo para concretar una Ley Corta de Promoción de Inversiones. Tras la aprobación en la Asamblea de medidas de estabilización económica junto a organismos internacionales, el sector empresarial enfatizó que es indispensable reactivar la «otra parte del puente»: el crecimiento del país.
Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, informó que la propuesta —surgida a partir de lineamientos iniciales y enriquecida con aportes de la cooperación internacional y las Cámaras Nacionales de Industria y Comercio— tuvo una excelente acogida tanto por parte de la presidencia del Senado como de la Cámara de Diputados.
El sector empresarial busca que la normativa sea de carácter urgente, ágil y de fácil comprensión, funcionando como un marco regulatorio que devuelva la certeza jurídica y genere incentivos reales a los capitales privados.
«Necesitamos una ley corta que sea fácil de entender, que sirva como ese paraguas que abra el camino a otras leyes importantes para el país, que genere los incentivos que se necesitan hoy en día para la inversión nacional y extranjera y que podamos tenerla de manera rápida y urgente», sostuvo Antelo.
El líder gremial remarcó el compromiso de los empresarios para coordinar con los legisladores y lograr que la norma se promulgue en el menor tiempo posible.
«Estamos comprometidos en hacer nuestro trabajo para que esta ley pueda ser aprobada antes de finalizar noviembre, antes de que la Asamblea entre en receso. Es urgente por el bien del país para luego, de manera paralela, empezar a discutir las modificaciones constitucionales que deben acompañar a la ley», agregó.
Uno de los ejes centrales debatidos con las Cámaras e incluido en el proyecto es el fortalecimiento del marco de seguridad jurídica para los inversionistas, el cual abarca dos objetivos fundamentales. Primero, consolidar la resolución de conflictos y los mecanismos arbitrales dentro del territorio nacional. Y, segundo, permitir el acceso al arbitraje internacional a través de instancias como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y otros organismos internacionales especializados
