La investigación realizada por la Comisión Especial del Senado en Chile sobre el cargamento de madera boliviana incautados en ese país supuestamente impregnado con sustancias controladas, pone en duda la acusación inicial que da cuenta estaba impregnado una considerable cantidad de sustancias controladas.
Durante su visita a Arica, la comisión recibió información de instituciones chilenas y conoció los resultados de análisis que, según lo expuesto, no respaldan físicamente la existencia de las 108 toneladas de supuesta cocaína atribuidas inicialmente a los cargamentos, informó el Senado.
El senador Nicanor Cochi, integrante de esta repartición especial, sostuvo que los resultados conocidos durante la investigación no respaldan la acusación inicial de las autoridades chilenas.
Señaló que los análisis reportaron trazas de hasta 0,5% de distintas sustancias, entre ellas ketamina y paracetamol, pero que no se encontró físicamente la cantidad de cocaína señalada inicialmente. “No existe esa cantidad de cocaína que han mencionado”, afirmó.
Uno de los principales puntos observados está relacionado con la forma en que se estableció esa cifra. La senadora Wanda Medrano explicó que, de acuerdo con la información recibida de la Fiscalía de Arica y Parinacota, la estimación de las 108 toneladas habría surgido a partir del análisis de un contenedor y presunciones.
“No existe un sustento técnico para decir que son 108 toneladas”, sostuvo, al señalar que las instituciones chilenas reportaron la presencia de trazas mínimas de distintas sustancias en las muestras analizadas.
Los resultados también ponen foco en las consecuencias que tuvo el procedimiento de los agentes chilenos para los empresarios bolivianos.
La senadora Carol Carlo denunció que las empresas no fueron formalmente notificadas antes de la incineración de sus cargamentos y dijo que la medida afecta a toda la cadena productiva, desde las empresas exportadoras hasta proveedores, comunidades campesinas y pueblos indígenas vinculados al aprovechamiento de la madera.
Según su versión, al menos cuatro empresas de Pando tienen contenedores afectados por este procedimiento.
Impacto
Jorge Moreira, director de la Cámara de Exportadores, informó que el sector identifica alrededor de 80 contenedores involucrados y que 16 fueron enviados a Estados Unidos para análisis y, según su versión, no se encontraron sustancias.
Estimó las pérdidas de la mercadería afectada se cifran en más de $us 10 millones. Pero además se suman los efectos sobre los empleos, las empresas y las obligaciones financieras.
Acciones institucionales
Con base en los resultados de la investigación, el siguiente paso será institucional, anunció el presidente del Senado, Diego Ávila, quien dijo que el informe será presentado al pleno de la cámara y posteriormente será remitido a la Cancillería y a otras instancias para activar las acciones que correspondan ante las autoridades chilenas y en el ámbito internacional.
“No se olviden que nosotros tenemos un tratado donde nuestras mercancías que exportamos están en tránsito y están sujetos a legislación internacional”, afirmó.
Ávila señaló que estas gestiones buscarán resguardar los intereses de Bolivia, la actividad exportadora y la imagen del país frente a lo ocurrido con los cargamentos.
De esta manera, la investigación que impulsa el Senado de Bolivia cierra una primera etapa con resultados que cuestionan la acusación inicial de las autoridades chilenas y abre una nueva ruta institucional para llevar esos antecedentes a las instancias nacionales e internacionales correspondientes y defender los derechos del sector maderero afectado, señala un bolétín institucional.
