El Gobierno promulgó un decreto que establece un incremento en el precio del diésel para los usuarios directos y grandes consumidores, de acuerdo un monto referencial establecido de acuerdo al mercado extranjero.
Esta medida representa el inicio de una transición hacia un esquema de indexación automática vinculada a los precios internacionales del mercado. Raúl Velásquez, especialista de la Fundación Jubileo, analizó las repercusiones de esta decisión y destacó que, si bien es un paso necesario para “sincerar” la economía del sector energético, la coexistencia de tarifas diferenciadas plantea desafíos para la estabilidad del mercado interno.
Entre los aspectos más positivos de la norma, Velásquez subraya la salida de una “fantasía de precios fijos” que duró 20 años y que solía depender de la voluntad política de las autoridades de turno.
El nuevo esquema permitirá migrar hacia un precio referencial flotante y de ajuste automático diario. Asimismo, este sinceramiento de precios mejora la competitividad para los importadores privados, quienes antes se enfrentaban a la competencia desleal de YPFB al vender a precio subvencionado.
Sin embargo, la medida también introduce complejidades operativas, siendo la principal de ellas la creación de un sistema de precios diferenciados. Mientras los grandes consumidores y usuarios directos, quienes consumen de 120 litros en adelante al mes, pagarán la nueva tarifa indexada, los pequeños consumidores minoristas mantendrán el precio de Bs 9,80.
El experto indicó a Correo Play que esta brecha es altamente riesgosa, ya que incentivará a los pequeños compradores a adquirir combustible barato para revenderlo ilegalmente a precios más altos, alimentando mercados negros internos como los vistos en recientes bloqueos.
Otro factor negativo de alta relevancia es el impacto en la economía de la población en general. Aunque el gobierno asegura que los ciudadanos de a pie no se verán afectados por el cambio, la estructura de costos de los transportistas y grandes productores se trasladará directamente al precio final de los bienes y servicios básicos del mercado.
Ante este escenario, la Fundación Jubileo enfatiza que es necesario que el gobierno acompañe este reajuste con políticas sociales focalizadas que protejan el bolsillo de los sectores más vulnerables.
Por otra parte, la medida resulta insuficiente si no se abordan otros cuellos de botella estructurales, comenzando por la escasez de divisas en el país. Aunque el decreto soluciona la variable del precio para incentivar la importación, el proceso sigue requiriendo de dólares suficientes para concretar las compras en el extranjero, un problema que afecta tanto a YPFB como a los actores privados.
Adicionalmente, advirtió una falta de articulación con los gobiernos municipales para consolidar sistemas de transporte público masivo, que es el mayor consumidor de energía subvencionada en el país.
A pesar de los costos sociales y políticos que implica sincerar el diésel, Velásquez advierte que la alternativa de mantener congeladas las tarifas conduciría a un desabastecimiento crónico e interminables filas en los surtidores.
