La Policía identificó a Emporio Dorado SRL, con sede en La Paz y que figura como propietaria del cargamento de 189,42 kilos de lingotes de oro, y a Infinity Tradelink, de Dubái, como la empresa destinataria del envío que fue interceptado cuando pretendía salir del país por el aeropuerto de Viru Viru.
«Al momento de realizar el trámite de exportación registran como propietaria de esta mercadería a la empresa Emporio Dorado SRL, con sede en la ciudad de La Paz (…). La empresa (destinataria) es Infinity Tradelink, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente Dubái», informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Jhonny Coca.
La autoridad explicó que los nombres de ambas empresas constan en la documentación oficial. Añadió que continúan las investigaciones para identificar a los propietarios de la empresa destinataria y verificar la información consignada en los documentos.
De acuerdo a los antecedentes, el cargamento fue detectado porque el formulario de exportación emitido por Senarecom no pudo ser validado mediante el código QR. La intervención policial frustró la salida del cargamento cuando un vuelo chárter procedente de Corumbá (Brasil) esperaba en la pista de Viru Viru para trasladar el oro con destino a Dubái.
Asimismo, indicó que el principal investigado se acogió al derecho al silencio y que la FELCC continúa recolectando documentación para establecer quién contrató y pagó el vuelo chárter, el origen del oro y la participación de los involucrados. El cargamento permanece secuestrado y será remitido a las bóvedas del Banco Central de Bolivia.
ORO AL BCB
La justicia dispuso este viernes que los 189,5 kilogramos de oro de alta pureza incautados en el aeropuerto internacional Viru Viru sean trasladados a las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) para su custodia y resguardo.
La medida se aplicará mientras el Ministerio Público avanza las investigaciones sobre el frustrado intento de exportación ilegal del cargamento hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
La determinación fue confirmada por el fiscal Gómer Padilla, quien detalló que el juez Fernando Daniel Mejía ordenó la incautación formal de los 77 lingotes de oro –valuados de forma preliminar en más de 20 millones de dólares– debido a su elevado valor económico. Previo a su ingreso a las bóvedas del ente emisor, la mercancía será sometida a un nuevo pesaje oficial.
La decisión judicial se conoció horas después de que el mismo magistrado dictara 150 días de detención preventiva para Adrián L. R., de 22 años, único imputado en el caso hasta el momento, quien ya fue remitido al centro de rehabilitación de Palmasola.
Durante la audiencia cautelar, la Fiscalía argumentó la existencia de elementos suficientes para vincular al joven con los delitos de contrabando, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y compra o venta ilegal de recursos minerales.
Aunque el Ministerio Público solicitó inicialmente un plazo de 180 días de privación de libertad para realizar las pericias, la autoridad judicial fijó el plazo en 150 días.
Mientras el imputado permanece detenido, la Policía y la Fiscalía centran sus esfuerzos en reconstruir la cadena logística del operativo.
