El diputado de Libre, Reinaldo Seas, principal impulsor del proyecto de ley para regularizar vehículos indocumentados o «chutos», denunció que ha recibido presiones, insultos e incluso amenazas tras la presentación de la iniciativa; sin embargo, aseguró que continuará defendiendo la propuesta mientras siga su curso legislativo.
El legislador reafirmó que el proyecto permanece en tratamiento en la Comisión de Planificación, pese a versiones sobre un supuesto retiro de la iniciativa.
«Hemos recibido cualquier cantidad de presión, cualquier cantidad de insultos», declaró Seas en La Mañana en Directo de ERBOL, a tiempo de añadir que también hubo «amenazas de toda índole».
El diputado sostuvo que este tipo de reacciones era previsible debido al impacto político y social del proyecto. «Sabíamos que no todos iban a estar de acuerdo porque creen que perjudica sus intereses económicos», afirmó.
Consultado sobre si cederá a las críticas, incluidas las expresadas por el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, Seas respondió que el proyecto «sigue» y que el trámite ya no depende únicamente de él, sino de la comisión legislativa encargada de su tratamiento.
Explicó que la iniciativa fue puesta en pausa por 40 días para desarrollar un proceso de socialización y recoger observaciones de distintos sectores, con el objetivo de buscar consensos antes de definir su continuidad.
El legislador rechazó que el proyecto haya sido retirado y atribuyó esa versión a una confusión sobre la decisión de solicitar un «archivo temporal» durante el periodo de consultas.
Seas defendió la propuesta argumentando que busca atender un problema que, según dijo, involucra a más de un millón de propietarios de vehículos indocumentados, principalmente productores rurales que utilizan estos motorizados como herramientas de trabajo.
Asimismo, reiteró que el proyecto no contempla la regularización de vehículos robados ni de aquellos con documentación o identificación adulterada.
El diputado afirmó que su respaldo a la iniciativa responde a un «compromiso moral» con las comunidades rurales y negó tener intereses económicos vinculados al comercio de vehículos indocumentados o que él o su familia posean este tipo de motorizados.
Finalmente, indicó que aguardará la decisión de la comisión legislativa sobre los siguientes pasos del proyecto, que incluso podría ser remitido a consulta del Órgano Ejecutivo como parte del procedimiento parlamentario.
