Hoy, Perú se enfrenta a una de las encrucijadas más determinantes de su historia reciente. Más de 27.1 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente para el periodo 2026-2031, en una contienda que no solo define un nombre, sino el modelo económico y social que regirá al país tras una década de profunda inestabilidad política con ocho mandatarios en diez años.
La derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) llegan a este cierre de campaña tras un vertiginoso giro hacia el centro político para captar a los indecisos, aunque sus raíces y propuestas fundamentales siguen representando visiones del país diametralmente opuestas.
Fujimori, la cuarta es la vencida
A sus 51 años, Keiko Fujimori busca por cuarta vez consecutiva alcanzar la presidencia que ocupó su padre, Alberto Fujimori. Tras tres derrotas en segunda vuelta —la última por apenas 40,000 votos frente a Pedro Castillo—, la líder de Fuerza Popular se presenta con un discurso de “mano dura” y un enfoque conservador bautizado por algunos como el “fujimorismo 2.0”.
Fujimori, formada en las universidades de Boston y Columbia, reivindica el legado económico de los años 90 para prometer un crecimiento sostenido del 6% hacia el año 2031. Su plan, liderado por el exministro Luis Carranza, se centra en:
Inversión privada y megaproyectos: Construcción de cuatro líneas de Metro en Lima y tres en regiones como Arequipa, Trujillo y Piura.
Infraestructura estratégica: Modernización del 70% de los puertos y conexión de proyectos mineros con corredores logísticos.
Defensa del modelo: Mantenimiento de exoneraciones tributarias a las agroexportaciones, sector que hoy emplea a más de 430,000 personas.
Sánchez: el psicólogo que busca la reivindicación de Castillo
En la otra acera, Roberto Sánchez, un psicólogo de 57 años con una larga trayectoria política, se presenta como el heredero directo de Pedro Castillo, de quien fue el único ministro que permaneció en el gabinete de principio a fin. Sánchez utiliza el icónico sombrero de Castillo como símbolo de reivindicación para los sectores que consideran que el exmandatario fue derrocado por las élites.
Aunque ha moderado su discurso en los últimos días bajo la asesoría de Pedro Francke, su propuesta central sigue siendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo económico y otorgar mayor soberanía sobre los recursos naturales. Sus promesas clave incluyen:
Aumento salarial: Elevar el salario mínimo de 1,130 a 1,500 soles.
Control de precios: Reducción del costo de los combustibles mediante el Fondo de Estabilización.
Reforma tributaria: Un nuevo esquema de impuestos para las grandes empresas.
Controversias
y “frankenstein políticos”
El tramo final de la campaña ha estado marcado por ataques directos. Fujimori ha calificado a Sánchez como un “Frankenstein político”, cuestionando la coherencia de su nuevo programa de gobierno construido con “retazos” de otras fuerzas para atraer el voto moderado. Asimismo, ha criticado duramente que Sánchez planee esperar los resultados electorales junto a Castillo en prisión y su alianza con el líder ultranacionalista Antauro Humala, quien cumplió condena por una sublevación militar donde murieron cinco policías.
Por su parte, Sánchez ha atacado a Fujimori por su presunta responsabilidad en la inestabilidad política del país, señalando que la mayoría de las destituciones presidenciales de la última década fueron impulsadas por la bancada fujimorista en el Congreso
El factor estabilidad: la sombra del banco central
Un punto de inesperada coincidencia surgió respecto a la política monetaria. Julio Velarde, presidente del Banco Central (BCRP) desde 2006 y clave en la baja inflación del país, se convirtió en objeto de disputa. Mientras Fujimori lo respaldó siempre, Sánchez, tras un rechazo inicial que le costó críticas de sectores conservadores, terminó prometiendo ratificarlo en su cargo durante el debate presidencial.
El destino de Perú se decidirá entre la continuidad de un modelo basado en la inversión privada y el orden, o un cambio estructural que busca redistribuir la riqueza mediante una nueva Constitución. El país aguarda con expectación un resultado que se prevé, una vez más, extremadamente ajustado.
