Ante el incendio que afecta al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en el departamento de Santa Cruz, el Tribunal Agroambiental (TA) emitió este martes medidas cautelares ambientales preventivas, advirtiendo sobre el riesgo de una “catástrofe ecológica” en esta área protegida reconocida como Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la UNESCO.

“Es fundamental declarar de manera inmediata el desastre nacional, para acceder al apoyo internacional y evitar que se repita el ecocidio ocurrido la gestión pasada”, afirmó el presidente del TA, Richard Cristhian Méndez, en conferencia de prensa.

La autoridad judicial instó al Gobierno central y a las entidades territoriales autónomas a coordinar acciones urgentes con el fin de habilitar mecanismos de cooperación internacional y enfrentar con eficacia la emergencia ambiental.

Méndez recordó que los incendios de anteriores gestiones provocaron la pérdida de biodiversidad a gran escala. “No queremos alcanzar la magnitud de incendios que destruyeron la biodiversidad; 33 millones de especies vertebradas fueron calcinadas, y esa tragedia exige que los Estados que son parte de los convenios internacionales activen de inmediato los compromisos asumidos”, enfatizó.

La Resolución de Sala Plena 003/2025-SCS establece un plazo para que el Órgano Ejecutivo y los gobiernos subnacionales se pronuncien, al tiempo de recordar que desde abril ya se habían emitido advertencias para reforzar las tareas de prevención ambiental en la región. “No hemos sido pasivos ante esta situación que aqueja no solamente a las personas sino a todos los seres vivos. Es necesario aplicar el principio precautorio”, señaló Méndez.

La resolución, que se originó en un proceso previo sobre la protección del jaguar –especie emblemática del oriente boliviano–, se amplió ahora al escenario crítico de los incendios forestales en el Noel Kempff. Por ello, el TA dispuso mecanismos de seguimiento, control y supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.

Entre las instituciones notificadas figuran el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Gobernación de Santa Cruz y los municipios involucrados, a quienes se exige activar de inmediato una instancia intergubernamental de respuesta ambiental coordinada.

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