El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final de la comisión especial que investigó el denominado caso de la “gasolina basura”, relacionado con la comercialización de combustible desestabilizado que habría ocasionado daños en varios vehículos. La distribución de gasolina basura no fue fortuita. Lo cierto es que se hallaron responsabilidades tanto en el gobierno de Arce como en el de Paz-
Con la aprobación del documento, el informe será remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) para que realice una auditoría, al Órgano Ejecutivo para que evalúe y atienda las observaciones identificadas y al Ministerio Público, instancia que deberá considerar el inicio de una investigación y convocar a las personas mencionadas en el documento.
“Queda aprobada la presente Resolución Camaral, aprobando el informe de la Comisión Especial. Remítase a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Órgano Ejecutivo para fines que, conforme a la normativa legal, correspondan”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.
La comisión especial fue conformada en febrero de este año por 11 diputados de distintas fuerzas políticas, con el objetivo de esclarecer las denuncias surgidas por la presunta distribución de gasolina en condiciones inadecuadas.
Luego de varios meses de investigación, la comisión presentó este jueves sus conclusiones ante el pleno. El informe señala la existencia de “presuntos” responsables entre exautoridades del Gobierno y exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
“Dentro de este informe se puede observar que la comisión ha identificado presuntos responsables que entre ellos están exministros, exgerentes de YPFB, y exadministradores de ANH”, informó durante la sesión la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ximena Arispe.
La legisladora explicó que las pesquisas encontraron posibles responsabilidades vinculadas con la administración de YPFB durante el gobierno del expresidente Luis Arce, aunque también se estableció un grado de responsabilidad correspondiente a la gestión 2026.
Arispe sostuvo que las observaciones no deben quedar únicamente en el ámbito legislativo y consideró necesario que las instituciones involucradas adopten medidas correctivas.
“Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados por la estatal y el Ejecutivo”, afirmó.
Con la remisión del informe a las instancias correspondientes, el caso pasará a una nueva etapa en la que la Contraloría y el Ministerio Público deberán determinar las acciones que correspondan a partir de los hallazgos consignados por la comisión legislativa.
