Misterio, estafa, corrupción?. Así está el caso Indueste que puede ocasionar la pérdida de Bs 1.000 millones al Estado boliviano por un fallo de una juez y dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia a favor de privados (Indueste) y en contra de la estatal YPFB Refinación.
Lo peor de todo es que la jueza Ximena Flores, del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de Santa Cruz opta por el silencio y está encerrada en su oficina de la zona Los Lotes sin querer referirse al caso. No obstante, el expediente y todas las investigaciones son manejadas en su despacho.
Un equipo periodístico del diario financiero llegó a esas oficinas el miércoles 18 del presente mes a horas 10:30 para conocer detalles del caso, pero vanos fueron los intentos para acceder a una entrevista. Es como si el caso estuviera en reserva. Las asistentes de la jueza se limitaron a señalar que estaba ocupada.
Lo cierto es que la subsidiaria YPFB Refinación S.A. denunció que recientes resoluciones judiciales emitidas en Santa Cruz pueden afectar la investigación y la recuperación de más de Bs 1.000 millones comprometidos en el denominado caso INDUESTE, relacionado con contratos para la provisión de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel. Una Jueza cuestionada con 14 procesos y dos vocales emitieron fallos que favorecen a los privados.
Las críticas e interrogantes saltan a la luz pública. Cómo es posible que la estatal (bajo la anterior administración del masismo) entregue de manera anticipada el 100% del valor de los contratos, pese a tratarse de convenios con vigencia de un año y sin garantías de respaldo? No obstante, la empresa Indueste comenzó con incumplimientos y al final YPFB Refinación entregó mil millones bolivianos y apenas recibió un 18% de producto.
Pero, por qué las autoridades del poder judicial no tomaron en cuenta los argumentos expuestos por la petrolera y en tiempo récord decidieron un veredicto que atenta contra el Estado boliviano?
A ello se suma que la jueza enfrenta 14 denuncias por actos irregulares, los cuales son de conocimiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El diario financiero pudo acceder a los 14 procesos y se reserva el derecho de publicar los mismos para no entorpecer las investigaciones.
Cabe recordar que la audiencia donde se dictó la resolución favorable a Indueste se realizó de forma ilegal sin notificar a YPFB Corporación, accionista mayoritario de YPFB Refinación, lo que compromete el derecho a la defensa y la legalidad del procedimiento.
Lo inaudito en este caso es que la decisión en contra de YPFB Refinación emitida por la juez fue ratificada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, integrada por los vocales Reynaldo Sánchez Flores y Ernesto Aponte Rivera. La audiencia de apelación fue convocada de manera inusual, solo 72 horas después de la resolución inicial, sin que YPFB Corporación fuera notificada, profundizando la indefensión estatal.
POR QUÉ SE FLEXIBILIZÓ LOS REQUISITOS DE CONTRATACIÓN?
Los antecedentes señalan que en abril de 2024, durante la administración del Movimiento al Socialismo (MAS), el anterior Directorio de YPFB Refinación S.A., modificó el Reglamento de Garantías para Procesos de Contratación, flexibilizando los requisitos para respaldar contratos de provisión de materia prima y permitiendo pagos anticipados millonarios sin garantías suficientes. En ese entonces, incluso el hijo del expresidente Luis Arce (hoy en la cárcel) era partícipe de negociaciones oscuras.
Bajo esta normativa, se firmaron dos contratos con Agroindustrial del Este – INDUESTE SRL, por más de Bs 1.000 millones para el suministro de aceite de soya, insumo clave en la producción de biodiésel.
Empero, la entrega real de materia prima fue sustancialmente inferior a lo pactado, lo que ocasionó un perjuicio económico millonario al Estado boliviano, propietario mayoritario de YPFB Refinación S.A.
CONOZCA A EXEJECUTIVOS DE YPFB INVOLUCRADOS Y OTROS QUE ESTÁN LIBRES
* Armin Dorgathen.
* Representantes y socios de INDUESTE.
* El exgerente Miguel Ángel Colte y exdirectores como Jaime Arancibia, N. Márquez y otros enfrentan procesos.
