Por: Lisa Lewin de Céspedes
Cuando se habla del Tratado de Roboré, muchas personas creen equivocadamente que se trata de un acuerdo antiguo sin efecto práctico en la actualidad. Sin embargo, la realidad jurídica es completamente distinta: el Tratado de Roboré continúa vigente y conserva plena fuerza legal dentro del ordenamiento jurídico boliviano.
Y esto no es una opinión política. Es un principio constitucional.
La propia Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la Constitución Política del Estado de Bolivia, establece que los tratados internacionales ratificados por el Estado forman parte del bloque de constitucionalidad y tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias.
Es decir:
• ningún decreto,
• reglamento,
• resolución administrativa,
• ni interpretación restrictiva,
puede desconocer un tratado internacional vigente.
En términos jurídicos, un tratado internacional se encuentra:
• debajo de la Constitución,
• pero por encima de las leyes comunes.
Por ello, el Tratado de Roboré no puede ser ignorado ni reducido a un simple recuerdo histórico. Su contenido mantiene validez y obliga al Estado boliviano a respetar los principios de integración, desarrollo fronterizo y cooperación binacional para los cuales fue creado.
MÁS QUE UN DOCUMENTO HISTÓRICO
Los acuerdos firmados en Roboré en 1958 no fueron concebidos únicamente para resolver asuntos diplomáticos temporales. Fueron pensados como una herramienta estratégica de integración entre Bolivia y Brasil.
Su objetivo era fortalecer:
• el intercambio comercial,
• la integración ferroviaria,
• el desarrollo económico del oriente boliviano,
• los derechos de las poblaciones fronterizas.
Por ello, interpretar el tratado únicamente desde límites municipales actuales sería un error histórico y jurídico.
En la época de suscripción de los acuerdos:
• Puerto Suárez tenía una extensión territorial mucho mayor,
• Puerto Quijarro aún no existía como municipio independiente,
• El Carmen Rivero Tórrez tampoco existía como municipio independiente,
• y toda esa región pertenecía territorial y administrativamente al municipio de Puerto Suárez.
Además, toda la región funcionaba como una unidad económica, ferroviaria y fronteriza integrada.
Ese contexto es fundamental para comprender por qué el área de influencia del sistema fronterizo alcanza naturalmente a Roboré.
EL DECRETO SUPREMO 6450 Y EL RECONOCIMIENTO DE ROBORÉ
Existe además un antecedente jurídico contundente:
el Decreto Supremo 6450.
Mediante esta norma, el propio Estado boliviano autorizó que la Administración Distrital de Aduana de Puerto Suárez establezca su oficina central en Roboré y efectúe desde allí despachos aduaneros del tráfico comercial del Oriente boliviano.
Este hecho demuestra algo muy importante:
Roboré no era ajeno al sistema fronterizo derivado del Tratado de Roboré. Por el contrario, formaba parte de su estructura funcional, logística y administrativa.
Por ello, hablar hoy de:
• áreas de influencia,
• derechos fronterizos,
• tráfico vecinal,
• integración económica,
• y actualización de beneficios, no constituye un capricho regional, sino una discusión legítima basada en antecedentes históricos y jurídicos plenamente vigentes.
LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL RÉGIMEN FRONTERIZO
Uno de los grandes desafíos actuales es que muchos beneficios creados hace décadas quedaron congelados en valores económicos irreales.
El tráfico fronterizo establecido en otra época perdió equivalencia frente a:
• la inflación,
• la devaluación monetaria,
• y el aumento del costo de vida.
Eso obliga a abrir un debate serio y técnico sobre la necesidad de actualizar estos montos conforme al poder adquisitivo actual, manteniendo vivo el espíritu original del tratado:
proteger e impulsar a las poblaciones fronterizas.
Porque un derecho que no puede ejercerse en condiciones reales termina convirtiéndose en un derecho vacío.
INFORMAR PARA DEFENDER
La población fronteriza necesita conocer sus derechos históricos y jurídicos.
Muchos habitantes desconocen que:
• el Tratado de Roboré sigue vigente,
• los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias,
• y existen antecedentes legales que respaldan la integración económica y territorial de la región oriental.
Por ello, resulta fundamental abrir espacios de información, debate y análisis técnico que permitan defender de manera seria y responsable los derechos históricos de nuestras regiones fronterizas.
El desarrollo de la frontera no debe construirse desde el desconocimiento de la ley, sino desde el pleno respeto a la historia, a la integración regional y a los tratados internacionales que continúan vigentes para el Estado boliviano.
