Las reservas de gas se vienen a pique y pone en riesgo la seguridad energética de Bolivia

• • Situación Actual: Las reservas probadas se sitúan en 3,7 TCF, reflejando una disminución significativa en años recientes.
  • Producción y Demanda: La producción ha declinado desde su pico en 2014 (59 MMmcd), lo que ha llevado al país a aumentar importaciones de combustibles.
  • Nuevo Hallazgo: En julio 2024 se anunció el descubrimiento del pozo Mayaya Centro X1 en el norte de La Paz, con un potencial de 1.7 TCF, considerado el hallazgo más importante desde 2005 para intentar revertir la declinación.

A pesar de los nuevos hallazgos, el país enfrenta el desafío de convertir esos recursos en reservas probadas y producción comercial para asegurar su soberanía energética.

Ante este escenario, el experto Ing. en Petroquímica, William Donaire hace un análisis de la situación e indica que las Reservas Probadas de gas natural P1 es uno de los temas más importantes y reveladores del sector. Bolivia experimentó primero una explosión de reservas durante el período de los contratos de riesgo compartido, y luego una dramática declinación que se extiende hasta 2026, constituyendo hoy la principal crisis del sector.

Expansión de Reservas: 1996–2003 (Contratos de Riesgo Compartido).

Refiere que durante la vigencia de la Ley 1689, la inversión privada extranjera impulsó una agresiva campaña exploratoria que multiplicó las reservas probadas:

Causas de la Declinación

Donaire señala que las causas de la declinación obedecen a los siguientes factores:
• Falta de inversión exploratoria sostenida: los contratos de operación no generaron el mismo nivel de exploración que los contratos de riesgo compartido. No se colocó en los Contratos
Petroleros la obligación de reponer las Reservas de gas natural producidas en los Campos.
• Producción sostenida sin reposición de reservas: los campos San Alberto, Sábalo, Margarita e Incahuasi (principales productores con mas de 75% de la producción de gas natural) entraron en declive natural.
• Inseguridad jurídica: la incertidumbre sobre el marco legal desincentivó la inversión de riesgo en exploración.
• Escasez de capital: YPFB no contó con recursos suficientes para financiar la Reactivación del Upstream y la exploración en áreas nuevas.
• Desinversión privada: las empresas operadoras priorizaron producción sobre exploración bajo los contratos vigentes.
Consecuencias Actuales (2026)
• Bolivia pasó de exportador neto de gas a importador de combustibles líquidos (gasolina, diésel Oil).
• Las reservas P1 están estimadas en niveles similares a los de 1996, previo a la capitalización.
• A pesar de la eliminación definitiva de la subvención a los combustibles, la importación de diésel y gasolina representa una carga fiscal insostenible para el Estado boliviano.
• Los contratos de exportación de gas a Brasil y Argentina están comprometidos por la baja producción.
• El sector enfrenta su mayor crisis desde la nacionalización de 2006.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR
El sector hidrocarburífero boliviano enfrenta un momento crítico que requiere decisiones de política energética con visión de largo plazo. Los desafíos no son solo técnicos o económicos, sino
también constitucionales y de legitimidad social, agrega Donaire.

Reflexión Final
El análisis de la evolución del marco legal boliviano de hidrocarburos muestra que el país ha oscilado entre dos extremos: la privatización casi total (Ley 1689) y la estatización con control
mayoritario (Ley 3058 + CPE). Ninguno de los dos modelos, aplicado de forma absoluta, ha logrado garantizar simultáneamente la soberanía energética, la atracción de inversión y la reposición de reservas.
El desafío del momento histórico actual (2026) es construir un nuevo modelo que sea: constitucional (respetuoso del Art. 359 CPE), atractivo (con incentivos reales para la inversión de
riesgo), eficiente (que permita la reposición de reservas) y sostenible (con distribución justa de la renta entre Estado, regiones y operadores).
La declinación de las reservas P1 desde el pico de 2003 (~28.7 TCF) hasta los niveles actuales estimados en 2026 (~3-4 TCF) representa la mayor amenaza al bienestar energético del pueblo
boliviano y requiere acción inmediata, urgente, integral y con visión de largo plazo.