Una decisión judicial que ordena suspender la difusión de encuestas electorales en Santa Cruz desató una fuerte controversia política y jurídica, a pocas horas del debate entre los candidatos a la Gobernación que disputan la segunda vuelta.
El Juzgado Público Mixto de El Torno, a cargo del juez Diego Campero García, dispuso mediante medida cautelar la suspensión inmediata de la difusión de estudios de intención de voto por parte de la red televisiva Unitel. La determinación fue asumida en el marco de una acción popular presentada por María Elena Aramayo Quinteros, estudiante domiciliada en el municipio de La Guardia.
La resolución, emitida con inusual rapidez —el recurso fue presentado la mañana del sábado 11 de abril y horas después ya contaba con una medida cautelar y notificación al medio—, ordena frenar la difusión de encuestas mientras se resuelve el fondo del caso. Además, el juzgado convocó a una audiencia virtual para el 17 de abril y notificó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, bajo advertencia de sanciones en caso de incumplimiento.
En su demanda, la accionante argumenta que la difusión de encuestas en un momento decisivo del proceso electoral puede afectar la equidad de la contienda y condicionar el voto ciudadano. Señala que existen discrepancias entre algunos estudios y los resultados finales, además de cuestionar la falta de transparencia en aspectos como metodología, financiamiento y margen de error. Según el recurso, esto podría incidir negativamente en la formación de la voluntad popular, generando fenómenos como el “voto útil inducido” o la “instalación artificial de tendencias”. No obstante, aclara que la acción no busca restringir la libertad de expresión, sino evitar distorsiones en el debate democrático.
La medida se produce en la antesala del debate por la la Gobernación cruceña, entre Otto Ritter y Juan Pablo Velasco, lo que ha incrementado las críticas desde el ámbito político. La diputada cruceña de la alianza Libre, Patricia Arancibia, pidió este domingo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pronunciarse sobre el caso, al considerar que la decisión judicial podría contradecir acuerdos institucionales vigentes.
Arancibia recordó que el 15 de enero de 2026 se suscribió un acuerdo entre el TSE, el TSJ, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el “Fortalecimiento del Sistema Democrático”, el cual establece la no interferencia de instancias judiciales en procesos electorales mediante medidas cautelares, reconociendo al TSE como la máxima autoridad en la materia.
En esa línea, la legisladora cuestionó el uso de recursos judiciales en una etapa clave del proceso y denunció que un consorcio jurídico vinculado a uno de los candidatos habría impulsado la acción popular para frenar la difusión de encuestas. “Rechazamos enfáticamente la injerencia de la justicia en el Órgano Electoral, porque no es nada sana”, afirmó.
Asimismo, pidió a Saucedo aclarar si la decisión responde a una postura institucional o a una actuación individual del juez. Advirtió que, de confirmarse irregularidades, su bancada impulsará acciones legales ante el Ministerio Público contra los responsables, a quienes acusó de actuar de manera “fraudulenta y antidemocrática”.
La diputada también anunció la presentación de peticiones de informe al TSJ y al TSE para esclarecer los alcances de la resolución judicial y su impacto en el derecho a la información, en medio de un proceso electoral marcado por la tensión y la disputa en su fase decisiva.
