Hilton Heredia G./Director diario News Time
En Bolivia, llevar a un funcionario público ante los tribunales no es solo un acto jurídico: es un acto de valentía. Detrás de cada denuncia contra una autoridad o un servidor estatal con influencia se esconde una historia de obstáculos, silencios y presiones invisibles que retratan una verdad incómoda: el sistema judicial boliviano sigue sin ser verdaderamente independiente.
Aunque la Constitución proclama igualdad ante la ley, en la práctica, quienes se enfrentan al poder estatal descubren rápidamente que la justicia no siempre opera bajo ese principio.
Lo cierto es que hay una justicia vulnerable: fiscales y jueces bajo presión
La estructura judicial del país arrastra un problema crónico: la mayoría de los operadores de justicia —jueces, vocales, incluso fiscales— continúan en condición interina o dependiente de designaciones políticas.
Esa fragilidad administrativa abre la puerta a presiones sutiles. Un juez que decide en contra de una autoridad corre el riesgo de perder su cargo, enfrentar represalias internas o ver trabadas sus aspiraciones profesionales.
No hace falta una llamada explícita desde arriba.
No hace falta una orden escrita.
Basta con el recordatorio tácito de que la estabilidad laboral depende, en parte, de “no incomodar a los poderosos”.
La presión indirecta: el poder que no se ve, pero se siente
Es en este terreno donde aparece la presión más difícil de medir: la influencia indirecta.
Los ciudadanos que demandan a funcionarios de alto rango describen un patrón recurrente:
• Procesos que se ralentizan misteriosamente.
• Fiscales que cambian de criterio sin explicación técnica.
• Jueces que evitan fallar en audiencias clave, postergándolas una y otra vez.
• Movimientos administrativos internos que alteran el curso del proceso.
Nadie dice abiertamente que se está protegiendo al funcionario.
Pero todo parece diseñado para que el caso avance más lento… o no avance.
Expertos legales explican que este fenómeno se debe a una “cultura de autocensura institucional”. Los operadores judiciales, conscientes de la repercusión política de ciertos casos, actúan con cautela extrema para no quedar expuestos.
La asimetría que inclina la balanza
Mientras tanto, el ciudadano que denuncia lo hace con sus propios recursos, con un abogado particular —si puede pagarlo— y con una carga emocional enorme.
El funcionario público, en cambio, dispone de una estructura estatal que lo respalda:
• Acceso constante a asesoría legal financiada por el Estado.
• Capacidad de generar informes, oficios, dictámenes y copias certificadas en minutos.
• Respaldos internos que facilitan trámites y certificaciones.
• Una red institucional que, sin intervenir directamente, facilita su defensa y obstaculiza la del denunciante.
El ciudadano queda reducido a lo que muchos juristas describen como “un litigante solitario en un sistema hostil”.
El temor a las represalias: la justicia como arma de disuasión
Otro rasgo constante es la aparición de procesos paralelos contra el denunciante: demandas por difamación, denuncias administrativas, observaciones tributarias o laborales.
Nada de ello prueba necesariamente un abuso directo, pero sí muestra cómo el sistema puede utilizarse para desgastar psicológicamente a quien se atreve a denunciar.
En ciudades pequeñas o medianas, la presión se amplifica:
La autoridad denunciada puede influir en la vida cotidiana del denunciante, afectar su entorno laboral o generar un clima social adverso. En esos casos, el mensaje que reciben muchos ciudadanos es claro: “No te metas con la autoridad”.
El resultado: una justicia que desalienta la denuncia
Todo esto provoca lo que especialistas llaman “efecto desincentivador”:
La sensación de que no vale la pena denunciar, porque la cancha está inclinada desde el inicio.
La impunidad no siempre se construye a partir de actos ilegales. A veces se fabrica en los vacíos: en los archivos sin explicación, en las citaciones que nunca llegan, en los plazos que se dilatan, en los funcionarios que “no se animan a firmar”.
Conclusión: una deuda pendiente con la sociedad
Enfrentar a un funcionario con poder en la justicia boliviana es ingresar a un laberinto donde las reglas existen, pero su cumplimiento depende de fuerzas invisibles.
Mientras la independencia judicial sea más aspiración que realidad, los ciudadanos seguirán viendo al sistema como un aparato vulnerable a la influencia política y al poder de turno.
Reformar la justicia no es solo una urgencia institucional: es una exigencia democrática.
Porque en Bolivia, litigar contra un funcionario con poder no debería ser un acto heroico, sino un derecho garantizado.
