Bajo el argumento de recuperar competencias y garantizar seguridad jurídica, en las últimas semanas se ha instalado una disputa institucional entre el Órgano Legislativo y el Consejo de la Magistratura en torno al control de Derechos Reales (DDRR) y la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu).
Por un lado, desde la Asamblea Legislativa, la diputada del PDC, Claudia Bilbao, impulsa un proyecto de ley que plantea retirar la administración de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura. Según su diagnóstico, el actual sistema registral ha colapsado, dejando de cumplir su función de fe pública para convertirse en un “cuello de botella” que vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada.
La legisladora sostiene que la falta de control externo sobre el Órgano Judicial ha derivado en la formación de “feudos administrativos” dentro de las oficinas registrales, donde predominan la discrecionalidad y la intermediación de tramitadores.
Asimismo, advierte que la escasa interoperabilidad entre DDRR, los catastros municipales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) permite que un mismo predio registre múltiples situaciones legales, lo que fomenta conflictos como avasallamientos, duplicidad de propiedad y estafas inmobiliarias.
En ese marco, el proyecto propone transferir DDRR al Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de incorporar herramientas de gobierno electrónico a través de la AGETIC, fortalecer el control social y legislativo, y avanzar hacia la unificación de datos a nivel nacional.
CONSEJO RECLAMA POR DIRNOPLU
En contraposición, el Consejo de la Magistratura ha rechazado esta iniciativa y defiende su competencia sobre el sistema registral. El decano de la institución, Manuel Baptista, informó que el Órgano Judicial impulsa un proceso de consenso para recuperar la administración de la Dirección del Notariado Plurinacional, actualmente fuera de su tuición, como parte de una reestructuración del sistema de justicia.
Baptista anunció que se formalizará la solicitud para que el Notariado vuelva a depender del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de consolidar una institucionalidad independiente, eficiente y orientada al servicio de la ciudadanía.
Durante el acto por el XXVIII aniversario del Consejo de la Magistratura, el pasado 31 de marzo, la autoridad reconoció que Derechos Reales enfrenta problemas estructurales, como denuncias de corrupción, retardación de trámites y limitaciones tecnológicas. No obstante, remarcó que la solución no pasa por trasladar estas competencias al Órgano Ejecutivo, sino por fortalecer al Órgano Judicial con mayores recursos, tecnología y capacidad operativa.
En esa línea, subrayó la necesidad de avanzar hacia una reingeniería del sistema judicial que permita mejorar la articulación institucional y garantizar de manera efectiva la seguridad jurídica del derecho propietario.
De esta manera, mientras el Legislativo busca asumir el control de Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura no solo resiste esa posibilidad, sino que además intenta recuperar el manejo del Notariado, configurando un escenario de tensiones sobre la administración de servicios clave vinculados a la seguridad jurídica en el país.
