El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Álvaro Tejerina, informó que este lunes vence el plazo perentorio de cinco días otorgado a la empresa china Sinosteel Engineering and Technology para que asuma su responsabilidad en la entrega de la planta siderúrgica de El Mutún en pleno funcionamiento.
La exigencia incluye la renovación de boletas de garantía y la devolución de montos observados; caso contrario, se procederá a la resolución del contrato conforme a lo establecido en sus cláusulas.
La firma china se adjudicó el proyecto en 2016 bajo la modalidad “llave en mano”, con una inversión aproximada de 400 millones de dólares financiados por el banco chino Export-Import Bank of China (EximBank). El 19 de febrero de 2025, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora inauguró oficialmente la planta, que según lo anunciado debía estar en plena operación.
No obstante, Tejerina afirmó que la factoría aún no funciona y presenta más de 300 observaciones técnicas que no habrían sido subsanadas por la contratista. “La planta no está funcionando porque hay más de 300 observaciones que los chinos hasta la fecha no han terminado”, declaró en el programa La Mañana en Directo de la red Erbol.
El titular de la ESM señaló además que la empresa china ya cobró el 100% del costo de la obra y no obstante la instalación no termina de arrancar. Añadió que el ex presidente de la ESM Jorge Alvarado realizó un pago anticipado de 18 millones de dólares por producción de hierro que nunca fue entregada, además de que la contratista habría incumplido compromisos como la capacitación del personal y otras tareas necesarias para garantizar el funcionamiento integral del complejo, ubicado en la población fronteriza de Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz.
Tejerina calificó de “inaudito” ese desembolso, asegurando que el contrato no contempla pagos anticipados de esa naturaleza y que, mientras no exista una entrega definitiva y satisfactoria al Estado boliviano, no correspondía efectuar dichos pagos.
Asimismo, indicó que Sinosteel debe renovar una boleta de garantía por 80 millones de dólares emitida por un banco boliviano, y no por una entidad financiera china, como se permitió en la gestión anterior.
El ejecutivo responsabilizó tanto a la contratista Sinosteel como a la empresa supervisora CISDI por la situación actual. Señaló que el Gobierno ya notificó formalmente a ambas compañías sobre las observaciones técnicas y les concedió inicialmente un plazo de 10 días -ya vencido- para presentar descargos y encaminar el contrato.
Posteriormente, se otorgó un plazo adicional de cinco días, que concluye este lunes, para cumplir con la renovación de la boleta de garantía, la devolución de los 18 millones de dólares y otros requisitos contractuales.
“Si el lunes no entregan lo que deben entregar, se va a resolver el contrato en el marco de lo que establece el mismo documento. Lo peor que podemos hacer es vulnerar la legalidad y repetir errores de la gestión pasada”, advirtió Tejerina. No obstante, precisó que, si la empresa cumple con todas las exigencias, al Estado boliviano le interesa que el proyecto concluya, considerando que la obra ya fue pagada en su totalidad.
Afirmó que, ante la eventualidad de la resolución del contrato, la actual administración tiene un «plan B», un plan de contingencia, destinada a masificar la producción que es de pleno conocimiento del presidente Rodrigo Paz.
Precisó que ese plan tendría un plazo de seis meses, tiempo que permitirá superar las barreras actualmente como el hecho que los software, las licencias, los manuales de funcionamiento, las garantías, todo está en idioma chino y no se ha realizado ningún tipo de capacitación y transferencia de la información al equipo boliviano.
