El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el predio Santa Rita, escenario de recientes conflictos violentos relacionados a la toma ilegal de tierras, no cuenta aún con un proceso de saneamiento concluido.
La directora jurídica de la entidad estatal, Elvira Achu, señaló este viernes que el predio fue objeto de saneamiento por el INRA y tiene una resolución final desde 2017; sin embargo, esta resolución fue impugnada ante el Tribunal Agroambiental y, por tanto, aún no tiene carácter ejecutoriado ni puede entregarse un título de propiedad definitivo.
“No está ejecutoriada, está impugnada a la fecha y tiene medidas precautorias para garantizar que no ocurra ningún conflicto”, señaló la funcionaria en conferencia de prensa, al señalar que el INRA tiene la obligación de proteger la posesión del predio hasta que culmine el proceso legal.
Asimismo Achu manifestó que el INRA emitió medidas precautorias en julio de 2023, prohibiendo nuevos asentamientos y ordenando el desalojo de ocupaciones ilegales. “Se ha procedido a emitir intimaciones y órdenes de lanzamiento, y se ha procedido al desalojo el año pasado en noviembre, con el apoyo de la fuerza pública”, agregó.
La directora jurídica confirmó también que el predio Santa Rita se encuentra dentro de la Reserva Forestal Guarayos, una zona con restricciones específicas de uso de suelo. “Este es el predio Santa Rita y se encuentra al interior de lo que es la reserva forestal Guarayos”, detalló.
El contexto del conflicto se agrava con las denuncias de los propietarios sobre una nueva incursión armada. Según Filipe Barbieri, dueño del predio, un trabajador fue herido de bala por un grupo encapuchado que ingresó violentamente para intentar tomar la hacienda.
“Apuntaron armas directamente a mí, escuché el tiro y el impacto”, relató el afectado. Su esposa, Melissa Barba, acusó al Gobierno de permitir el avance de los avasalladores: “Tenemos una guerrilla con apoyo del Gobierno”.
COMPLICIDAD DE GOBIERNO?
La diputada María René Álvarez (Creemos) y el analista Carlos Valverde coincidieron en señalar que existe una estructura institucional que favorece a estos grupos irregulares, vinculados al oficialismo.
Álvarez apuntó directamente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), al que acusó de titular tierras en favor de personas afines al MAS recordando que el Gobierno pide la aprobación de un crédito al Legislativo refiere para titular y sanear tierras
