En lugar de unir, el Bicentenario ha dejado al descubierto las fisuras entre los órganos del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en la capital constitucional del país, decidió apartarse del acto central del Bicentenario, denunciando un “desplante” institucional por parte de los organizadores, al no permitirles el ingreso a la presentación de la moneda y del billete conmemorativos.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, reveló que los magistrados no pudieron ingresar al evento ni al repositorio donde se exhibían los símbolos del Bicentenario. “Se permitió la entrada a instituciones que no forman parte del Estado, mientras a nosotros, un órgano del Estado con sede en Sucre, se nos negó el acceso”, lamentó.
Pero más allá del gesto, el mensaje parece más profundo: el máximo tribunal del país no solo cuestiona la exclusión, sino que toma distancia del acto oficial y decide marcar presencia institucional con una conmemoración propia, prevista para el miércoles 6 de agosto. La Sala Plena participará de una misa con la Iglesia católica y organizará un acto protocolar en su sede.
