Por: Lisa Lewin de Céspedes – Economista.
Las regiones fronterizas no son únicamente líneas divisorias en el mapa nacional; son territorios vivos, estratégicos y profundamente sensibles, donde convergen realidades sociales, económicas, culturales y geopolíticas. En el caso de Bolivia, el marco normativo vigente reconoce esta importancia y establece instrumentos claros para una gestión integral de frontera.
Uno de los más relevantes es el Comité de Fronteras, cuya creación no solo es una atribución, sino una obligación establecida por la Ley.
La Ley N° 100 de Desarrollo Integral de Fronteras (y su normativa reglamentaria) establece la necesidad de conformar instancias de coordinación interinstitucional que permitan atender de manera estructural y permanente las necesidades de las zonas fronterizas, así como fortalecer la relación y cooperación con los países vecinos. En este contexto, el Comité de Fronteras se constituye en una herramienta clave de articulación entre el nivel local, departamental y nacional.
¿Qué es el Comité de Fronteras y quiénes lo conforman?
El Comité de Fronteras es un espacio institucional de coordinación y diálogo, integrado por representantes de:
• Gobiernos municipales de la región fronteriza.
• Gobierno departamental.
• Entidades del nivel central del Estado vinculadas a frontera, seguridad, comercio, migración, salud, educación y desarrollo productivo.
• Fuerzas del orden y control fronterizo.
• Instituciones técnicas y, cuando corresponde, actores sociales y productivos.
Su función principal es levantar, priorizar y canalizar las necesidades reales de la región, transformándolas en propuestas técnicas y políticas que puedan ser gestionadas ante las instancias competentes del Estado.
Más allá de la atención de demandas internas, el Comité de Fronteras cumple un rol estratégico en el relacionamiento bilateral con el país vecino, en especial con la República Federativa del Brasil.
A través de este espacio se pueden:
• Tratar temas de interés común como comercio fronterizo, tránsito, seguridad, salud, educación y turismo.
• Impulsar acuerdos locales y regionales que fortalezcan la convivencia y el desarrollo conjunto.
• Elevar de manera ordenada y fundamentada solicitudes y propuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), para su tratamiento a nivel diplomático.
Estas gestiones permiten que las demandas fronterizas lleguen formalmente a instancias como Itamaraty, en el marco del diálogo bilateral, evitando la improvisación y fortaleciendo la institucionalidad.
La conformación del Comité de Fronteras cobra aún mayor relevancia en un escenario de integración regional.
Bolivia, en su proceso de adecuación al Mercosur, necesita mecanismos territoriales que permitan armonizar normativas, facilitar el comercio, mejorar la logística y promover el desarrollo productivo y turístico fronterizo.
Asimismo, es fundamental revisar y reactivar el espíritu del Tratado de Roboré, priorizando la cooperación, la complementariedad económica y el desarrollo de las regiones fronterizas.
El Comité de Fronteras puede convertirse en el canal técnico-político que impulse estos objetivos, traduciendo los grandes acuerdos internacionales en beneficios concretos para la población local.
Hoy, el desafío para las nuevas autoridades municipales, departamentales y nacionales es claro: crear y poner en funcionamiento de manera inmediata el Comité de Fronteras.
No hacerlo implica desaprovechar un instrumento legalmente establecido y profundamente necesario para:
• Atender de forma integral las necesidades históricas de la frontera.
• Fortalecer las relaciones bilaterales desde el territorio.
• Posicionar a la región como un espacio de oportunidades y no de postergación.
La frontera necesita planificación, diálogo, institucionalidad y visión de futuro. El Comité de Fronteras no es solo una estructura administrativa: es una herramienta estratégica para el desarrollo, la integración y la soberanía con cooperación.
